El diálogo social tendrá rango de ley tras un acuerdo de la Junta con patronal y sindicatos

Después de largos meses de negociaciones, el compromiso se rubricó este miércoles en un acto solemne celebrado en el Palacio de San Telmo, donde Moreno subrayó que se trata de un paso decisivo para elevar el diálogo social a su mayor categoría. La futura ley, según explicó el presidente, aumentará el nivel de compromiso y decisión de los agentes sociales y económicos en la acción de gobierno, obligará al Gobierno andaluz a darles a conocer a la patronal y sindicatos representativos los proyectos de ley de su competencia antes de su aprobación. Además, los agentes sociales tendrán que ser consultados en las iniciativas legislativas de todos los ámbitos en las que participan.

Una vez que la ley esté en vigor, los agentes sociales podrán asimismo proponer directrices y participar en su elaboración, así como realizar el seguimiento y evaluación de los planes en los que participen. Según Moreno, que subrayó el papel jugado en este acuerdo por los equipos negociadores de las tres organizaciones y por el de la Junta, encabezado por el consejero de Diálogo Social, Antonio Sanz, se trata de un paso decisivo para elevar el diálogo social a su mayor categoría al adquirir rango de ley.

El presidente destacó que esta norma será similar a las que ya están en vigor en la mayoría de las comunidades autónomas y recogerá derechos que ya vienen recogidos en la Constitución, y subrayó además que se trata de una fórmula de «buen gobierno» en el camino de conseguir el objetivo, a su juicio irrenunciable, de crear un ecosistema capaz de producir y avanzar en términos de bienestar y de empleo.

En su opinión, el salto que se da con esta iniciativa es relevante y cumple con uno de los objetivos fijados por el Gobierno en el inicio de la legislatura.

Para el presidente de la CEA, Javier González de Lara, la firma del acuerdo supone un acontecimiento crucial, ya sitúa a Andalucía al nivel de otras comunidades autónomas en el desarrollo de la participación institucional. «Nosotros veníamos ejerciendo ese derecho, pero carecíamos de una norma que concretara el qué, quien, cuando y cómo de nuestra participación», indicó el jefe de la patronal, que explicó que con el acuerdo se impulsa una ley que desarrolla tanto los derechos como las obligaciones de la organización, ya que, en su opinión, «para la CEA, participar es una obligación y un compromiso».

González de Lara subrayó también que la futura ley nacerá con un plus de legitimidad al ser la expresión del diálogo social.

Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras Andalucía destacó que su organización se ha empeñado en trabajar por el derecho de los trabajadores a la participación en los asuntos públicos. «Un derecho que no es sólo que nos pregunten qué opinamos de las cosas, sino que nos permita intervenir en las decisiones que nos afectan en el ámbito económico y social», advirtió.

Para López, aunque Andalucía tiene una larga tradición en materia de concertación y diálogo social, la firma del acuerdo es una de las pocas ocasiones que permite vislumbrar un horizonte cierto de que ese derecho se reconozca. «Estamos ante un hecho histórico», afirmó.

La secretaria general de Comisiones Obreras advirtió no obstante que se está ante «una ley caprichosa, ni ante un regalo, ni una prebenda de nadie». «Estamos ante un mandato de nuestro Estatuto de Autonomía», subrayó.

El secretario general de UGT, Oskar Martín, valoró la «inteligencia institucional» del Gobierno andaluz y su presidente por tener un firme convencimiento del significado de la concertación social y elogió la valentía de crear este nuevo marco de entendimiento democrático y llevarlo a cabo. «En tiempos de polarización y conflicto, desde Andalucía nos erigimos como ejemplo de hacer otra política», celebró.