Cs se desmarca del PP al rechazar la aplicación del 'pin parental' y Vox recuerda que lo firmó

La reacción ante la polémica del 'pin parental' a las actividades complementarias de los escolares que propone Vox ha abierto una brecha en el Gobierno andaluz entre PP y Cs. Mientras el PP se muestra partidario, siempre que tenga un encaje legal, desde Cs han pasado de moverse en esta ambigüedad a mostrarse radicalmente en contra. El problema es que, como ayer recordó el portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, tanto PP como Cs firmaron un documento el pasado octubre para la aprobación del Presupuesto de 2020 en el que se comprometían a establecer lo que se conoce como 'pin parental', aunque el término no aparezca en el documento.

Hernández exhibió el texto encabezado por los logos de los tres partidos firmantes, en cuyo punto 19 dice lo siguiente: «Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución Española».

Vox explica que el punto se refiere a que los padres deben autorizar la asistencia de sus hijos a charlas y talleres sobre asuntos como la diversidad sexual impartidos no siempre por profesores, sino por otros profesionales; apelan a lo que dice la Constitución sobre el derecho a decidir sobre la formación religiosa y moral de los hijos. Un punto en el que hay discrepancias. El Gobierno de la Nación ya ha advertido de que la Constitución no ampara la iniciativa de Vox y amenaza al Gobierno de Murcia con acudir a los tribunales si persiste en su aplicación.

El acuerdo de PP y Cs con Vox no se ha materializado aún en Andalucía. Cuando estalló la polémica la pasada semana el consejero de Presidencia y Portavoz, Elías Bendodo, dijo que la Junta andaluza aplicará el veto en base al «derecho a decidir» de los progenitores sobre la educación de sus hijos, pero siempre dentro del marco legal. Ahora Hernández reclama cambios en la Ley de Educación para que tenga encaje el compromiso firmado, asegurando a los periodistas además que está hablado con el Gobierno PP-Cs, incluido este último partido. De no hacerse, advierte de que «tendrá repercusiones», sin explicitar cuáles. Los doce diputados de Vox son imprescindibles para que el Gobierno de PP y Cs saquen adelante sus iniciativas en el Parlamento.

Al comienzo de la polémica, Cs, de quien depende las políticas de Educación en la Junta, se mantuvo ambiguo, admitiendo que el encaje del acuerdo con Vox estaba en estado «embrionario». Esa posición ha cambiado y ayer hubo una puesta en común de todos sus dirigentes advirtiendo a Vox de la imposibilidad de implantar el veto parental a las actividades complementarias. El consejero de Educación, Javier Imbroda, llamó a la calma y al sentido común el viernes ante una polémica que consideraba salida de madre. En nuevas declaraciones ayer, Imbroda insiste en que el actual marco legal ya contempla la participación de los progenitores en las actividades de los colegios, ya que forman parte del Consejo Escolar donde se deciden. Imbroda propone a Vox una vía intermedia, la de reforzar las inspecciones educativas para contentar las quejas de algunos padres.

El vicepresidente de la Junta y portavoz de Cs en Andalucía, Juan Marín, fue más rotundo al manifestar que el 'pin parental' no se aplicará en Andalucía y afirmar que en esta comunidad «no se va a dar ningún paso atrás en ningún derecho, absolutamente en ningún derecho, ni vamos a derogar ninguna ley, por lo tanto vamos a seguir en el marco de lo que hasta ahora este Gobierno ha venido haciendo».

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, también de Cs, abundó en este sentido con que el veto de los padres a actividades complementarias «no tiene viabilidad legal y desde un punto de vista moral, tampoco».

Desde el PP-A, su secretaria general, Loles López, insiste en la posibilidad de aplicarlo, pero con diálogo. Culpó de la polémica a las decisiones del Gobierno de Sánchez y adujo que hay familias que lo piden preocupadas por la «radicalidad» del ejecutivo PSOE-Podemos.

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, acusó al PP de asumir «los postulados de la extrema derecha». Recordó que no se trata de asignaturas extraescolares como dice Pablo Casado, sino complementarias y evaluables.