«Deslealtad», «parche», «cortina de humo», las valoraciones de la Junta sobre el anuncio de Montero sobre El Algarrobico

«Tenemos que dejar de venir aquí a dar un titular a ver si me compran que estamos haciendo algo en Andalucía», dijo en relación a la también secretaria general del PSOE de Andalucía, a quien conminó a dejar de «enredar» y decir día y hora en que entrarán las máquinas para derribar la construcción.

La portavoz recordó que en 2011 se firmó un convenio entre los ejecutivos central y autonómico que establecía que la obligación del derribo corresponde al Gobierno de España y que posteriormente la Junta asumiría la restauración de la playa. Subrayó también que en marzo de 2024 el Gobierno mantenía que la solución pasaba por la nulidad de la licencia municipal de obras. «¿Por qué cambia ahora al método de la expropiación? -se preguntó España-. Se intentó hacer hace 20 años y en 2009 se dejó morir». Se trata, en su opinión, de una vuelta al pasado. «No entendemos este cambio por parte del Gobierno», dijo la consejera, que recordó que un procedimiento de expropiación es suscepitible de recurso, por lo que se puede prolongar «de forma eterna».

Por ello, ante el anuncio de Montero de que en cinco meses se podrá proceder al derribo, la desafió a que diga el día y la hora del momento en el que la maquinaria entrará en la playa. «Ya está bien de tanto marear la perdiz y de cortinas de humo», apuntó.

La portavoz recordó también que era el PSOE la formación que gobernaba tanto en el Ayuntamiento de Carboneras como en la Junta de Andalucía cuando se inició todo este proceso. «Ese hotel está ahí por culpa del Partido Socialista», señaló.

Según España, Montero sabe que la expropiación no es la solución para este asunto, que en su opinión pasa por que el Gobierno y el Ayuntamiento cumplan con su palabra. Y apuntó directamente contra la vicepresidenta: «Que se deje de parches, de enredos y de cortinas de humo».

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE-A, Josele Aguilar ponderó la iniciativa del Gobierno de España de expropiar el 40% de los terrenos, que son de su competencia y emplazó a la Junta a que «se ponga las pilas» e inicie las gestiones para hacer lo propio con el 60% de los terrenos que son de su responsabilidad ante el «gravísimo atentado» que supone esta edificación para las costas andaluzas y en una zona de especial protección.