El desacuerdo sobre la continuidad del presidente bloquea a la Cámara de Cuentas

El pacto por el que los tres partidos acordaron la renovación de los cuatro organismos de extracción parlamentaria -la Dirección General de Canal Sur, el Consejo Audiovisual, el Defensor del Pueblo y la Cámara de Cuentas- fue firmado el 29 de mayo de 2019, apenas unos meses después de la toma de posesión del actual Gobierno andaluz. Aquel acuerdo establecía para la Cámara de Cuentas mantener su composición de siete miembros, con un procedimiento de elección que respeta la proporcionalidad de la representación parlamentaria, y la continuidad del entonces presidente, Antonio López, hasta el final de su mandato.

El desacuerdo estriba en cuándo caduca el mandato de López. Los socialistas consideran que se deben contar tres años desde la fecha del acuerdo, con lo que concluiría en mayo del año próximo, al no tomar en cuenta el tiempo que estuvo en funciones, desde febrero de 2018 hasta mayo de 2019, hasta tanto se acordaba la renovación del órgano.

Por su parte, tanto PP como Ciudadanos sostienen que ese periodo debe computarse, por lo que el mandato de López habría caducado el pasado 4 de febrero.

En favor de este argumento recuerdan que el presidente fue nombrado nuevamente miembro de la Cámara en el pasado pleno tras haber cesado como tal, por lo que su ejercicio como presidente también había terminado. Asimismo, aluden a un informe jurídico de la propia Cámara de Cuentas elaborado en 2014 con motivo del fallecimiento de una miembro del organismo. Ese texto, citando doctrina del Tribunal Constitucional, consideró que el tiempo ejercido en funciones debía computarse. Según la interpretación del PP, tras la última toma de posesión de los nuevos consejeros, el presidente está obligado a convocar un pleno para la renovación del órgano. No hacer este trámite, en su opinión, supondría que cualquier decisión del órgano pueda ser impugnada.

Ante este desacuerdo, la Cámara, cuyo fin es fiscalizar las cuentas de la Administración autonómica, lleva varias semanas bloqueada en su funcionamiento.

Aunque los consejeros son en teoría independientes de los grupos políticos, están nombrados a propuesta de estos. El reglamento obliga a que sean designados por votación favorable de tres quintas partes del Parlamento, y que todos los grupos constituidos en el mismo deben tener garantizado que al menos un miembro la Cámara de Cuentas proceda de su propuesta.

Asimismo, como mecanismo para garantizar la independencia se establecen periodos de mandato más largos que la duración de la legislatura, seis años, y renovaciones parciales por trienios.

Ninguna de estas medidas ha conseguido mantener al organismo al margen de las disputas políticas. Ante la resistencia del presidente, nombrado a propuesta del PSOE y que con anterioridad ocupó cargos políticos de esa formación, a convocar un pleno para elegir a su sucesor, los miembros de la Cámara nombrados a propuesta del PP, Ciudadanos y Vox se han negado a asistir a los plenos, por lo que la actividad del organismo se ha paralizado. Entre las cuestiones que han quedado bloqueadas figura el informe sobre las cuentas autonómicas de 2019, el primer ejercicio de la actual Administración autonómica. Su aprobación depende de que pueda reunirse el pleno del organismo. PP, Ciudadanos y Vox suman cuatro de sus siete miembros.

Al tratarse de un órgano independiente, no existe una autoridad superior que pueda resolver la situación. Si no hay acuerdo sólo queda la vía judicial.

Ante esta situación, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, indicó este miércoles que se plantea pedir un informe a los servicios jurídicos de la cámara para que se expidan sobre si el mandato del presidente sigue en vigor. No obstante, aunque en ningún caso este dictamen será vinculante, pidió a los siete miembros del órgano que apliquen el sentido común y la buena voluntad para superar la situación de bloqueo.

No parece que vaya a ser fácil. El portavoz parlamentario socialista, José Fiscal, atribuyó esta situación «al afán de Moreno Bonilla por controlar la Cámara de Cuentas».

Fiscal acusó al gobierno andaluz de querer nombrar a un presidente de la Cámara de Cuentas a su medida, «sólo para que cocine informes de su interés y con el objetivo de tapar a toda costa el informe de la Cuenta General de la Junta en 2019, que los deja muy mal parados».

El portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, ha rechazado este extremo y aseguró que una vez que se produzca el pleno para renovar la Presidencia de la Cámara de Cuentas los consejeros a propuesta del PP «estarán encantados de que de manera inmediata, se debata y apruebe el mejor informe de una cuenta general de la Junta de la última década y probablemente de su historia».

El portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, reclamó a López, que «ceda el testigo» en este órgano tras considerar que «se está aferrando a un cargo interpretando algo que es incorrecto» y el de Vox, Alejandro Hernández, le reclamó también que no se aferre al cargo.