Denuncian falta de medidas de seguridad en la maniobra en la que murieron dos militares

El informe de los Grupos de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil presentado al El Juzgado Togado Central número dos, que instruye el caso, refleja que estas maniobras carecían de las necesarias medidas de seguridad.

Así lo confirmó ayer el abogado penalista y doctor en Derecho Luis Romero, que representa a la familia de uno de los militares fallecidos, que subrayó que este informe de la Benemérita destaca la ausencia de suficientes medidas de seguridad en la línea con los testimonios de testigos que recientemente declararon en sede judicial. Estas declaraciones apuntaban a que la prueba de cruce del lago artificial de la base no contaba con flotadores, ni ambulancia ni personal sanitario, con lo que todo era «caótico y un descontrol», recalcaron en sus testimonios ante el juez.

Además, estos testigos habrían confirmado que el lago contaba con una «cuerda guía» pero no una línea de vida como tal, que tampoco estaba «bien montada», así como que dentro del agua «no se daba pie» y los soldados, cabos y sargentos «no lo sabían», insistiendo en que era «un descontrol». El informe deja claro que ejercicio práctico fue emprendido sin previsión alguna y in contar con las medidas de seguridad necesarias, extremo que pasó inadvertido por los mandos.

Estas maniobras realizadas el pasado diciembre en la base de la Brigada Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano estuvieron marcadas por unas condiciones climatológicas adversas por el frío por una baja temperatura del pantano que tenía que atravesar y en ellas fallecieron ahogados el soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz (Córdoba).

El Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla, que instruyó el caso en su inicio, apreció «indicios de responsabilidad penal» de diversos mandos militares al frente de la maniobra como el capitán Zúñiga, el teniente Tato y el sargento Álvarez Estupiñán, por la falta de previsión y seguridad.

Asimismo, dicha instancia judicial detectó, según figura en el auto, posibles «indicios de responsabilidad penal» respecto a los coroneles Tostón Méndez y Navarro González, así como para el teniente coronel Zanfaño Hidalgo y el comandante jefe de la PLMM a fecha 21 de diciembre de 2023, todos ellos aforados ante el Tribunal Militar Central, por lo que ello motivó la inhibición de las actuaciones en favor del Juzgado Togado Central, encargado ahora de la causa.