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JOSÉ LUIS PIEDRA
SEVILLA
Sábado, 19 de octubre 2019
El PP-A llevó finalmente a los tribunales la presunta compra de votos por parte del PSOE-A en la localidad sevillana de Huévar del Aljarafe, tras denunciar su alcaldesa, María Eugenia Romero (PP), la existencia de documentos que acreditan que el anterior equipo municipal ofrecía puestos de trabajo a vecinos del pueblo a cambio de su apoyo electoral. La denuncia fue interpuesta ayer ante la Fiscalía de Sevilla por un presunto delito electoral de «compra de votos» y otro de malversación continuada por el supuesto pago con dinero de las arcas municipales de un mitin socialista en 2002.
La alcaldesa popular aseguró que ha trasladado a la Fiscalía la documentación encontrada en el Consistorio y avanzó que próximamente aportará más pruebas que actualmente se están analizando detenidamente.
De este modo, la documentación remitida a la Fiscalía es sólo una parte de las diversas cajas con escritos encontradas en el Consistorio, por lo que en los próximos días se irán remitiendo un mayor número de documentos conforme avance el análisis de éstos. «A partir de ahora será la Fiscalía y la Justicia la que determine qué se ha hecho legal o ilegalmente dentro del ayuntamiento», declaró la alcaldesa, que lamentó que el PSOE-A de esta localidad «no haya pedido perdón aún por todo ello».
La primera edil estuvo acompañada por el vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, que afirmó que «siempre ha habido una intuición y ha sido 'vox pópuli' en Andalucía que esto podría estar pasando en muchos municipios y ahora ha quedado respaldado por documentos, por lo que entendemos que ha sido una práctica habitual».
El número tres de los populares andaluces calificó de «políticamente deleznable y rechazable» ese caso y agregó que «nuestra obligación es traer estos documentos por si además de una cuestión ética es también judicial» al tiempo que se refirió a otros casos similares como el del municipio granadino de Vegas del Genil.
La secretaria general del PP-A, Loles López, manifestó en Huelva que lo que se pretende es que «se sepa toda la verdad y que no se vuelva a coartar la libertad de ningún vecino, que es lo que se hacía supuestamente hasta el momento». En su opinión, «el PSOE andaluz es el partido de las trituradas de papel y queremos que no se vuelvan a producir ese tipo de casos en plena democracia». La presidenta del PP en Sevilla, Virginia Pérez, presente también en la entrega a la Fiscalía de la denuncia, valoró el trabajo de la alcaldesa de Huévar que «está dedicando mucho tiempo a todo lo que se ha hecho muy mal en este ayuntamiento en el pasado por parte de los socialistas, aunque también está realizando un gran esfuerzo para poder atender a la población y gestionar el municipio», apostilló.
El PSOE-A criticó el montaje del PP-A con todo este asunto, que calificó como una «cortina de humo» para tratar de tapar los asuntos judiciales que afectan a sus filas, según lo puso de relieve ayer el portavoz adjunto de los socialistas en el Parlamento andaluz, Rodrigo Sánchez Haro. A su juicio, «el PP-A solo quiere ensuciar la vida política y está tratando con esta denuncia de tapar asuntos como las declaraciones en la Audiencia Nacional por el caso de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, el pago de los abogados de los ERE o el procesamiento del excalde de Jaén, José Enrque Fernández de Moya». El diputado socialista sostuvo que «el PP no está en condiciones de dar lecciones ni ejemplo frente a los 140 años de honradez, seriedad, rigor y servicio público a los ciudadanos del PSOE», al tiempo que anunció la preparación de una querella contra el consejero de Presidencia, Adminisración Publica e Interior, Elías Bendodo, por sus acusaciones al PSOE-A de institucionalizar la compra de votos y tejer una maraña para para ello en toda Andalucía.
Por otra parte, Adelante Andalucía exigió desterrar de una vez por todas estas prácticas de presuntas compras de voto para lo que solicitó «menos sobreactuación y más vergüenza política», según aseveró la portavoz parlamentaria de la confluencia de izquierdas, Inmaculada Nieto.
Nieto tidló de «despreciable» esta práctica que, a su juicio, «no es nueva», pero reprocó «la sobre actuación» en estos momentos con la convocatoria de las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. «Si detrás hay un delito que se ponga en manos de la justicia, pero desterrar estas prácticas requiere menos sobreactuación y más de vergüenza política», expresó Nieto, a lo que añadió que « de eso carecen los dos partidos mayoritarios». La diputada de Adelante Andalucía aletó que «siempre se ha oído hasta donde era capaz de llegar el bipartidismo para garantizar un parte de sus votos» y apuntó incluso el uso de personas mayores.
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