Pedro Fernández: «En cuatro o cinco semanas veremos el efecto del abaratamiento de la luz»

–¿Cuánto habrá que esperar para que las medidas anunciadas por el Gobierno esta semana tengan efecto?

–Las ayudas directas y las bajadas del precio del combustible van a tener efecto inmediato. También va a ser inmediato el aumento del 15 por ciento del Ingreso Mínimo Vital o el bono social técnico, al que se van a incorporar 600.000 usuarios en toda España. Siendo Andalucía la comunidad más poblada, siempre salimos beneficiados.

–¿Por qué se demoró tanto en tomar estas medidas?

–Se ha demostrado que era necesario que las principales medidas, que tenían que ver con el precio de la energía vinculada al gas, se hicieran en el seno de la Unión Europea. Desconectarse del modelo establecido, si no existe el beneplácito en este caso del Consejo, conlleva sanciones económicas muy grandes y genera desconfianza de la Unión Europea con el país que decide saltarse las normas. El trabajo que ha hecho en este caso el presidente Pedro Sánchez, al que después se ha unido con acierto el gobierno de Portugal por la singularidad de esta Europa periférica con su deficiencia de interconexiones vinculadas a la energía, ha conseguido ese beneplácito necesario. Se le ha dado la oportunidad a España y a Portugal de abaratar de manera importante el precio de la luz, que finalmente veremos en cuatro o cinco semanas. Lo hemos hecho manteniendo la credibilidad como país en la Unión Europea. Cualquier medida anterior hubiera sido reprobada por Europa y con unas consecuencias desconocidas.

–¿Por qué no se han tocado impuestos pese a que era lo que se reclamaba, por ejemplo desde Andalucía?

–En un momento en el que se está reivindicando por medio de todos los partidos y sobre todo por los sectores que más lo necesitan un mayor gasto público y una mayor inversión y apoyo primero por la crisis derivada de la pandemia y ahora, de la invasión a Ucrania, lo qué se requiere es mayor gasto público. Me llama la atención que sea el Partido Popular el que pida rebajar impuestos, porque precisamente en el mandato de Mariano Rajoy se subieron 44 impuestos y se creó hasta un impuesto al sol. Fue una subida generalizada a todas las rentas, no sólo a los que mas ganan. Ahora ha habido medidas de rebajas de hasta el 60 y el 70 por ciento de impuestos en la energía a las familias más vulnerables, que se ha prorrogado hasta el 30 de junio. El gasto público ha sido la salvación de la crisis derivada de la pandemia, que ha permitido recuperar el empleo previo a la crisis de 2008. Eso ha sido posible con medidas como los ERTE, para que el empleo se mantuviera, las ayudas directas a empresas y autónomos y a todos los sectores. Es un momento en el que el gasto publico es fundamental, en el que no se han subido los impuestos, el Gobierno lo que no va a hacer es lo que hizo la Junta de Andalucía, que le ha bajado impuestos a los que heredan más un millón de euros. Es un momento de invertir desde lo público y aquí lo que se demuestra es que hay dos maneras de enfrentarse a una crisis. Ahora se apostó por las personas y en aquel momento se apostó por el rescate bancario.

–¿Cuál es la repercusión del paro del Transporte en Andalucía?

–Las pérdidas son muy grandes. Yo no sabría cifrarlas pero el impacto ha sido tremendo en todos los sectores por la interconexión que existe en todos los sectores productivos. Hay problemas estructurales en el transporte terrestre que no vienen de ahora sino desde hace muchos años. En diciembre hubo un acuerdo con el Ministerio de Transportes que propició un decreto ley en marzo que recogía todas las reivindicaciones históricas de los transportistas. Ahora se ha producido una situación como consecuencia del aumento del combustible y se ha llegado a un acuerdo con el compromiso de llevar un proyecto de ley que aplique los mismos principios de cadena alimentaria para evitar que se pueda trabajar a pérdida, que es una de las reivindicaciones más importantes del colectivo de autónomos. Se ha actuado afrontando todos los problemas que había, los que venían de atrás y los coyunturales.

–La sensación fue sin embargo de que el Gobierno no supo entender el conflicto. Tardó en reaccionar y lo caracterizó primero como una cuestión de orden público y después como un asunto manipulado por la extrema derecha.

–Hay un órgano legítimamente establecido en la ley de ordenación del transporte por carreteras que es la Comisión Nacional. Lo que no se entendía es por qué al margen del sector legítimamente representado con el que se estaba reunido había una plataforma que entendía que no estaba representada. Las medidas que esta plataforma reclamaba son en definitiva las que se han puesto encima de la mesa.

–Se acaban de restablecer las relaciones con Marruecos a un coste de complicar las que se mantienen con el otro vecino, Argelia, y sin acuerdo siquiera en el seno del Gobierno.

–El Gobierno es de coalición y lo forman dos partidos que son progresistas pero que pueden tener disparidad de opiniones. Al final, no lo olvidemos, el Consejo de Ministros es uno solo. Recomponer las relaciones era fundamental para España y particularmente para Andalucía. Después de 47 años de conflicto y 44 resoluciones de la ONU en los que no se ha movido prácticamente nada, lo cierto es que lo que se está abriendo es una puerta a que el conflicto se pueda solucionar siempre en el marco de Naciones Unidas y buscando el acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario. Con Marruecos nos unen relaciones de todo tipo, por la seguridad, el flujo de personas, las relaciones comerciales. Vamos a salir de una situación de 'impasse' y vamos a tener buenas relaciones con Marruecos y con Argelia. España es el primer contribuyente en ayuda humanitaria al Sahara Occidental, que esperemos que pueda tener una solución definitiva.

–El Gobierno y la Junta están en posiciones sobre los regadíos de Doñana que parecen irreconciliables

–Es un tema muy complejo. Lo primero que hay que destacar es la calidad y el buen nombre de los frutos rojos que se cultivan en el entorno de Doñana. Creo que la Junta de Andalucía no ha actuado correctamente en este asunto. La escucha que se ha hecho ahora en el Parlamento a todos los sectores implicados se debió hacer antes. Que el Gobierno andaluz diga que esta propuesta no es suya porque la han presentado los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos y Vox no tiene recorrido. Estamos hablando de una zona muy sensible sobre la que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa que obliga a España a proteger el acuífero. Cuando se están dando esos pasos y se está recuperando la credibilidad en Europa en lo que se refiere a Doñana, de repente el Partido Popular pone una proposición de ley sin haber hecho una sola alegación al Plan Hidrológico del Guadalquivir para ampliar la superficie de riego y sin tener competencias para el agua.

–Quien tiene las competencias para hacer las obras para que llegue el agua de superficie es el Gobierno.

–Se han hecho actuaciones importantes y se ha constituido hace unos quince días la comisión de gestión del trasvase del Odiel, Tinto y Piedras hasta el Guadalquivir, que prevé unos 20 hectómetros cúbicos, con lo que se pretende ir sustituyendo aguas subterráneas por agua de superficie. No hay más agua prevista para que se puedan ampliar zonas regables. Es un tema muy complejo y muy delicado que se debería haber visto con lealtad y al margen de esta presión que supone la presentación de un proyecto de ley.

–Esta iniciativa ha puesto a su partido en una encrucijada porque está el Gobierno en una posición, los alcaldes socialistas de la zona en otra y el PSOE de Andalucía en medio.

–Con los mimbres que hay en este momento y con las previsiones que hay no cabe la fórmula que ha planteado la Junta de Andalucía. Ha sido una falta de lealtad absoluta de la Junta. Lógicamente, cualquier alcalde lo que defiende son las legítimas expectativas que puedan tener sus vecinos y el Partido Socialista lo que ha manifestado es que hay un problema de fondo y que ha que sentarse para ver cuál puede ser la solución. El Partido Popular ha jugado a hacer trampa.

–¿Se va a afrontar en esta legislatura el cambio del modelo de financiación autonómica?

–Todo el mundo coincide en que el modelo de financiación está desfasado. El paso de este gobierno ha sido valiente al poner encima de la mesa una propuesta sobre el criterio que más peso va a tener en la ponderación del cálculo de la financiación, que es la población ajustada, con una actualización del coste real de los servicios públicos. Por lo tanto, la ministra ha abierto esa caja que estaba muy cerrada. Ahora tiene que haber generosidad por parte de todas las comunidades autónomas y una voluntad inequívoca de querer llegar a un acuerdo.

–Más allá de lo que cada comunidad considere, los datos son que Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana son las que están peor financiadas.

–Lo que es necesario es llegar a un acuerdo. Le pongo tres ejemplos: Andalucía, Madrid y Galicia. Tienen tres propuestas total y diametralmente opuestas, y las tres están gobernadas por el Partido Popular. También podría ponerlo en comunidades gobernadas por el PSOE. Cuando Andalucía dice que hay que corregir un margen que le perjudica, no puede ser ensanchando un margen en otras comunidades. Esto es como lo de la sábana. Tenemos que llegar entre todos a la mejor solución posible.

–¿El Gobierno está dispuesto a ampliar el tamaño de la tarta, más allá de discutir cómo se reparte la tarta que hay? Andalucía dice que hacen falta 16.000 millones de euros más para el conjunto del sistema.

–Volvemos a lo de antes, los impuestos. Me resulta curioso que la Junta de Andalucía por un lado siempre está pidiendo y por el otro está bajando los impuestos a quienes heredan más de un millón de euros. Eso no casa bien. No podemos decidir que va a haber más dinero del que hay.

–¿El Gobierno vincula el cambio del modelo de financiación a que haya armonización fiscal?

–A veces el Estado tiene que intervenir para buscar reequilibrios. Cualquier liberal, que es lo que presume ser el presidente de la Junta de Andalucía, sostiene que el mercado tiene sus propias reglas y es que establece una justicia en el reparto de la riqueza. Sin embargo, en este momento todos los sectores dicen que tiene que intervenir el Gobierno para mejorar sus condiciones y para tapar un déficit que se produce como consecuencia de una crisis. Ahí falla la teoría de los liberales. ¿Qué pasa? Pues que nos podemos encontrar con unas comunidades autónomas que concentran una mayoría de las grandes empresas que operan en este país. Se produce una una concentración que permite que con menos impuestos se recaude más. Ahí hay una competencia que puede ser desleal, estamos hablando de un mismo país. Del mismo modo que se intentan armonizar los sistemas fiscales europeos o se lucha contra los paraísos fiscales por el daño que causan a la economía, el Gobierno tiene que intentar evitar tendencias a la concentración del tejido productivo, aunque sea sólo del lugar donde pagan sus impuestos.