El Defensor urge un plan de prevención del suicidio ante su aumento en jóvenes

Maeztu, que entregó ayer al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, el informe anual sobre infancia y adolescencia, exigió un plan específico de prevención del suicidio en la infancia y adolescencia y mostró su preocupación por este drama ante el retraso a la hora de actuar por parte de las administraciones, lo que provoca que se llegue tarde en muchos casos.

A su juicio, «las edades son horribles en estos suicidios y más de la mitad de los problemas de salud mental comienzan antes de los 14 años».

Por ello, consideró que la intervención para la prevención de suicidios «tendría que formar parte de la agenda pública», al mismo tiempo que advirtió de los «déficits» en la atención prestada a niños y adolescentes con problemas de salud mental, por lo que planteó «actuaciones ineludibles» por parte de las administraciones públicas.

Maeztu puso de relieve la necesidad de visibilizar este problema, además de subrayar el agravamiento de las patologías que sufren los jóvenes y el surgimiento de otras nuevas a raíz de la pandemia Covid.

El Defensor reclamó el impulso de un sistema de información para conocer «la realidad y magnitud del problema» ante la escasez de datos en Andalucía. Asimismo, planteó incrementar las medidas de prevención y detección precoz de la enfermedad en las personas menores de edad, incluyendo el ámbito educativo.

«La demanda de atención a la salud mental de la población, singularmente la infantil y juvenil, se ha diversificado y ha crecido de manera notable y a un ritmo más acelerado que lo ha sido la dotación de nuevos recursos», sostuvo.

En este sentido, apostó por aumentar los recursos para atender las patologías mentales, tanto a nivel hospitalario como también en Atención Primaria y, además, ajustar el número de plazas hospitalarias y seguir desarrollando programas de hospitalización de día y domiciliaria para casos seleccionados.

El Defensor ha puesto de relieve la necesidad de incrementar también las plantillas de Psicología y Psiquiatría del Sistema Sanitario Público para evitar de esta manera la saturación de los recursos, tanto en Atención Primaria como en la Atención Especializada, permitiendo así que cada menor pueda recibir la atención psicosanitaria con la frecuencia que precise su situación.

Maeztu estimó necesario impulsar Programas de Acompañamiento Terapéutico a las familias con apoyo domiciliario y tutoría de menores orientada a los casos con problemática familiar grave, dificultades escolares derivadas de problemas de salud mental y desajustes emocionales. En su opinión, «esta adecuada dotación de recursos y medios contribuiría a frenar otro de los males endémicos que padece la atención a la salud mental infanto-juvenil».

Estigma de la salud mental

Por otro lado, abogó por luchar contra el estigma de la salud mental a través de medidas de sensibilización y educación para promover el conocimiento de las enfermedades mentales a estas edades.

El informe de infancia y adolescencia de 2021 presentado por Maeztu recoge que en 2021 esta institución realizó un total de 5.871 actuaciones, de las que 2.632 se refieren a quejas y 3.239 a consultas, en un colectivo que engloba a 1.564.000 niños y jóvenes, una población que supone el 20% de la juventud de toda España.

Además, refleja la tramitación de un total de 1.846 expedientes de queja nuevos, de los cuales 1.822 fueron instados por la ciudadanía y 24 se iniciaron de oficio promovidos por la institución. Junto a estas actuaciones se realizaron otras 786 más, procedentes de quejas iniciadas en años anteriores.