El Defensor del Pueblo destaca la resolución por su oficina del 94% de los expedientes que afectan a administraciones públicas

En declaraciones a los periodistas, Maeztu, que se ha desplazado a los Colegios Provinciales de la Diputación de Córdoba para interesarse por las preocupaciones y demandas de la ciudadanía cordobesa, pues entre este miércoles y este jueves un equipo de la OIAC atiende presencialmente a los vecinos que lo demanden, ha precisado que, «de 2.327 expedientes, en los que se han detectado irregularidades», cometidas por administraciones públicas, «el 94 por ciento se han cerrado con éxito».

Los expedientes no resueltos, que son solo el seis por ciento, se deben, según ha explicado, a «una discrepancia técnica o a que no se ha llegado a un acuerdo», como los que se logran con las mediaciones, pues en las más de 300 que ha gestionado la OIAC en 2021 «tenemos el 84 por ciento con acuerdo», siendo este también un porcentaje elevado, «sabiendo que son voluntarias las mediaciones».

En consecuencia, según ha insistido Maeztu, «estar en 2.300 expedientes, con un 94 por ciento de éxito» en su resolución, tras haber «detectado que son irregulares» cometidas por administraciones públicas y que se han resuelto por la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, «son buenos números».

En cuanto a su visita a Córdoba, Maeztu ha precisado que se iba a reunir con cerca de 30 trabajadores sociales de la Diputación y del Ayuntamiento de Córdoba, y en otro encuentro con 26 asociaciones dedicadas a salud, dependencia, personas migrantes o movilidad, mientras que con asociaciones de memoria histórica ya celebró la OIAC una sesión monográfica este miércoles.

Maeztu ha expuesto que durante este año han sido alrededor de 500 las quejas de Córdoba capital recibidas este año, entre las que ha destacado las referidas a vivienda, salud, dependencia y justicia.

El Defensor Andaluz también ha anotado las quejas de oficio abiertas por la institución en las cuales se ha requerido la respuesta de las administraciones locales en Córdoba, como los trámites para conseguir el arraigo social, la investigación sobre las escuelas rurales o sobre la exclusión financiera, la situación de las ayudas al alquiler, o el estado de los recursos judiciales.

Por último, Maeztu se ha referido a las preocupaciones que le transmite la ciudadanía andaluza y que son comunes en Córdoba, como son, en el ámbito de la salud, las quejas y consultas por la Atención Primaria, la salud mental y por la atención a las personas mayores, en concreto, sobre las residencias.

Igualmente preocupan especialmente a los cordobeses y andaluces las políticas para prevenir el cambio climático, entre las que ha destacado aquellas relacionadas con la contaminación atmosférica y la transición energética y, por último, las demandas de la ciudadanía para recibir una buena administración, ante los problemas causados por la administración electrónica y la brecha digital, que afecta principalmente a las personas mayores.