El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, planteó ayer la necesidad de una ley para blindar la sanidad pública desde el Parlamento y evitar que ésta dependa de los continuos desarrollos reglamentarios y normativos impulsados por el Ejecutivo. El Defensor consideró que hay que acometer « ... una regulación legal de la sanidad en base al Estatuto de Autonomía para que Andalucía tenga su ley y no estemos al pairo» de los cambios normativos de cada momento. A su juicio, «la mayoría de los derechos en materia de Salud recogidos en el Estatuto y sin embargo están regulados por simples normas reglamentarias y no desarrollados por ley en el Parlamento».
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Para ello, abogó por constituir una mesa de diálogo con todos los actores de la sanidad para promover esta ley con el objetivo de «devolver el crédito y la confianza de la ciudadanía en sus sistema de salud, que se ha quebrado», subrayó. Asimismo, mostró su preocupación por la orden de tarificación y solicitó que se deje fuera a la Atención Primaria de los convenios y conciertos sanitarios privados.
El Defensor presentó el informe de la institución de 2022 a la que recurrieron más de 30.000 personas, resaltando al margen de la sanidad los riesgos de la transición digital para los vulnerables y el problema de los asentamientos de inmigrantes.
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