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El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, planteó ayer la necesidad de una ley para blindar la sanidad pública desde el Parlamento y evitar que ésta dependa de los continuos desarrollos reglamentarios y normativos impulsados por el Ejecutivo. El Defensor consideró que hay que acometer « ... una regulación legal de la sanidad en base al Estatuto de Autonomía para que Andalucía tenga su ley y no estemos al pairo» de los cambios normativos de cada momento. A su juicio, «la mayoría de los derechos en materia de Salud recogidos en el Estatuto y sin embargo están regulados por simples normas reglamentarias y no desarrollados por ley en el Parlamento».
Para ello, abogó por constituir una mesa de diálogo con todos los actores de la sanidad para promover esta ley con el objetivo de «devolver el crédito y la confianza de la ciudadanía en sus sistema de salud, que se ha quebrado», subrayó. Asimismo, mostró su preocupación por la orden de tarificación y solicitó que se deje fuera a la Atención Primaria de los convenios y conciertos sanitarios privados.
El Defensor presentó el informe de la institución de 2022 a la que recurrieron más de 30.000 personas, resaltando al margen de la sanidad los riesgos de la transición digital para los vulnerables y el problema de los asentamientos de inmigrantes.
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