El Defensor del Pueblo pide una revisión profunda de las residencias para impulsar un nuevo modelo tras la pandemia

Maeztu puso de relieve que todas las residencias necesitan un cambio de modelo y una revisión de lo que ha pasado y avanzó que su institución va a realizar una serie de visitas a estos centros para conocer y evaluar situación y la atención y servicios que prestan.

En este sentido, dijo que es necesario saber «qué medicos tienen las residencias, qué personal está preparado, qué condiciones tienen sus instalaciones para atender una pandemia y mantener la distancia social física», entre otras medidas, por lo que insistió en la necesidad de «buscar un nuevo modelo de constitución de estas residencias«.

El Defensor reconoció que durante la pandemia tuvieron que intervenir en algunos casos por las situaciones críticas registradas, como fue el caso de la residencia de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), donde fallecieron una treintena de personas y resultaron contagios cerca de un centenar de residentes.

Más allá de las residencias, Maeztu criticó también la atención sanitaria ofrecida a los mayores durante la pandemia y rechazó la presunta negativa a ingresarlas en UCI. «Es un fracaso como sociedad, tienen derecho«, indicó, aunque admitió que «a lo mejor es falso, pero el hecho de pensar que algunos ya no tenían derecho a UCI me estremece, cuando todavía no hemos resuelto ni los cuidados paliativos ni la muerte digna, estamos cuestionando que algunos no pudieran ir a UCI porque son mayores», sostuvo Maeztu.

El Defensor realizó esta reflexión sobre las lecciones que se extraen de la crisis del coronavirus y el tratamiento a las personas mayores durante el acto de presentación el último informe de su institución relativo a 2019, que entregó este martes a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet.

El informe detecta la continuidad en la vulnerabilidad de diversos colectivos y también el agravamiento durante este año del contexto y condiciones en las que viven debido a la pandemia. Estos grupos, familias sin recursos, madres monoparetales, niños en pobreza infantil, inmigrantes y otros colectivos que deben ser protegidos frente a esta crisis, por lo que apostó por reforzar los servicios públicos para garantizar su asistencia .

El Defensor del Pueblo señaló además que la recuperación será posible si es complementada con la creación de empleo y agregó que estamos ante la oportunidad de pasar de una economía de mercado a una economía de cuidados, en la que reclamó cambiar la tendencia y que esta atención a los citados colectivos no se considere un gasto, sino una inversión necesaria para un nuevo modelo productivo.