El Defensor del Pueblo pide fortalecer el sistema público de salud y la gestión integral de las residencias en su informe sobre la crisis Covid

Maeztu ha planteado en este informe una serie de medidas para aprovechar los retos y las oportunidades que ofrece el proceso de reactivación y recuperación de la crisis sanitaria y económica que subraya la necesidad de «avanzar en la igualdad real y que la población más vulnerable no vuelva a quedarse atrás como consecuencia de una crisis».

En el informe, titulado 'Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia', se analiza el impacto en el primer semestre de la crisis sanitaria y se pone de relieve la importancia de reforzar los servicios sociales y la adaptación de ejercicio del derecho a la educación a las necesidades de la sociedad digital y la creación de empleo de calidad.

También el informe apunta a la necesidad de combatir la pobreza infantil y las situaciones de riesgo para la infancia y la adolescencia, así como el avance en las políticas de igualdad de género o la garantía del derecho a la vivienda, entre otros problemas.

El informe del Defensor está realizado sobre la base de los más de 5.000 expedientes relacionados con la Covid, con 1.602 quejas y 3.474 consultas que han sido gestionadas desde el inicio de la pandemia hasta finales de septiembre.

Maeztu destacó que ocho de cada diez personas que acudieron por un motivo relacionado con la Covid ante la institución nunca antes habían solicitado la actuación de este comisionado parlamentario.

El Defensor puso el acento también en luchar contra la brecha digital afecta, que en esta crisis ha afectado a colectivos muy diversos, tanto a personas mayores como desfavorecidos social y económicamente, también a quien vive en zonas rurales aisladas o mal conectadas. Además, repercute en migrantes, personas con discapacidad o mujeres solas con cargas familiares, entre otros.