«La pobreza mata». El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha advertido ante la comisión parlamentaria de Salud y Familias que la pandemia ha agravado las situaciones de desigualdad en Andalucía y ha llamado la atención sobre cómo la Covid ha golpeado de forma más dura a los sectores más desfavorecidos de la población.
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Maeztu presentó un informe de 500 páginas relativo a la primera ola de la pandemia, correspondiente al periodo entre abril y octubre, y advirtió de que con el agravamiento de la crisis sanitaria la situación social también ha empeorado.
El Defensor del Pueblo señaló que las consultas que se reciben en su oficina desde el inicio de la pandemia se pueden resumir en cuatro frases: «No sé a dónde ir», «Nadie me escucha», «Todo está cerrado y bloqueado» y «Mis niños y yo no sabemos si comeremos hoy».
El informe presentado hace especial hincapié en la situación vivida en las residencias de mayores, donde se produjo la mayor parte de fallecimientos y donde según Maeztu, «se ha concentrado el dolor». El Defensor del Pueblo lamentó que las residencias se hayan convertido en meros «aparcamientos» de personas y destacó que a pesar de los meses transcurridos desde que se constató la situación de las residencias no se haya hecho nada para cambiar ese modelo, en su opinión caduco e injusto.
También hizo referencia al deterioro sufrido durante estos meses en la atención sanitaria, tanto la primaria como la especializada. En el informe se destacan las denuncias recibidas por ciudadanos sobre la inaccesibilidad a estos servicios «La Covid se ha cargado lo que hacía la atención primaria en la detección de los casos», dijo Maeztu, que destacó el deterioro para la calidad del servicio que supone la atención telefónica y el desconcierto de muchos usuarios cuando sufrían algún problema de salud y no sabían a dónde acudir.
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El informe señala que la atención especializada fue la más afectada por el estado de alarma y muestra la preocupación por el aumento de las listas de espera como consecuencia de la pandemia.
También se refirió a la repercusión de la pandemia sobre la educación en la primera ola, especialmente en las familias donde la falta de preparación y el insuficiente acceso a los medios digitales hizo que hubiera alumnos que perdieran el último trimestre del curso pasado. «La brecha digital interfirió entonces y hoy está interfiriendo en los exámenes digitales en las universidades», advirtió.
La pandemia, explicó, también tuvo consecuencias sobre la protección social. «Al depender la renta mínima del nivel de ingresos del año 18, eso se quedaba en un terreno de nadie», aseguró.
En su intervención ante la comisión parlamentaria de Salud, el Defensor del Pueblo planteó 13 retos, que a su juicio son las tareas vitales que se deben desarrollar a partir de ahora. Entre ellas destacó el fortalecimiento del sistema público de salud; la creación de un sistema integral de atención a las personas mayores; el reforzamiento de los servicios sociales como pilar fundamental del estado del bienestar; la adaptación de ejercicio del derecho a la educación a las necesidades de la sociedad digital y la creación de empleo de calidad.
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También citó la lucha contra la pobreza infantil y las situaciones de riesgo para la infancia y la adolescencia; el avance en las políticas de igualdad de género o la garantía del derecho a la vivienda, así como las medidas de sostenibilidad contra el cambio climático; el reconocimiento del acceso a los servicios de interés general y la oportunidad de la mediación como forma de resolución de conflictos. Entre estos retos, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado la urgencia de adaptar la sociedad a las exigencias de la sociedad de la información, para evitar lo que ha denominado 'nuevos excluidos' por la imposibilidad o incapacidad de acceder a los recursos tecnológicos.
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