El Defensor del Pueblo abre una queja de oficio por la suspensión de los comedores escolares

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio sobre la suspensión del servicio de comedor escolar en 132 centros educativos de Andalucía por parte de la Consejería de Educación y Deporte.

El Defensor pretende investigar la situación de este servicio y la gestión del departamento que dirige Javier Imbroda a este respecto, además de conocer la previsión que tiene para su puesta en funcionamiento de nuevo. Los comedores están suprimidos en estos momentos en los citados 132 colegios desde que comenzó el actual curso escolar debido a la renuncia de las empresas concecionarias que debían prestarlo.

Jesús Maeztu ya ha mantenido reunión con la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa), que representa a 2.700 AMPA de toda la comunidad, que le trasladaron la situación que atraviesa este servicio, cuya suspensión deja desatendidos a más de 12.000 alumnos.

La suspensión de los comedores afecta a centros educativos de toda Andalucía, excepto en Cádiz, siendo las provincias de Málaga y Jaén, con los graves perjuicios que ello está ocasionando para el alumnado que se beneficia de los planes de garantía alimentaria y para la conciliación de la vida laboral y familiar.

Según el Defensor, la Consejería ha argumentado la quiebra de dos empresas adjudicatarias y una deuda de 1,5 millones de la Junta de Andalucía que les impedía reanudar el servicio. El departamento de Imbroda aseguró en el comienzo del curso que la situación se arreglaría en dos semanas y ha pasado más de un mes y el servicio sigue suspendido, además de no detallarse horizonte temporal para la reapertura de los comedores.

El Defensor del Pueblo ha mostrado su preocupación por la respuesta de la Consejería hasta el momento que, aunque aboga por encontrar una solución lo antes posible y recuperar el servicio, reconoce al mismo tiempo la gran dificultad para ello por el escaso atractivo que resultan los contratos propuestos para adjudicar estos servicios.