El Defensor del Pueblo abre una investigación para esclarecer la muerte de un joven en un centro de menores de Almería

El Defensor del Pueblo Andaluz y el Defensor del Menor han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento el pasado lunes de un joven de 18 años en el centro de menores infractores ubicado en el municipio almeriense de Oria. En concreto, el departamento que dirige Jesús Maeztu ha abierto una queja de oficio para acceder a toda la información sobre el fallecimiento de un joven de origen marroquí, que murió al sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando era reducido en una situación de agresividad y violencia.

El Defensor ha incoado este expediente para conocer con detalles toda la actuación y verificar también el cumplimiento de los protocolos que se siguieron en la aplicación de las medidas de contención previstas en estos centros para responder ante situaciones de violencia.

Las causas de este fallecimiento están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción Único de Purchena, al que este centro de menores ha trasladado toda la información sobre lo sucedido, incluida la autopsia que se la ha practicado al joven magrebí.

Desde la Junta de Andalucía, competente en la gestión de estos centros de internamiento para aquellos menores que delinquen, se asegura que las medidas que se aplicaron para la contención del menor se realizaron en presencia del médico de las instalaciones, quien fue el primero en realizar las técnicas de reanimación al detectar síntomas de parada cardiaca en el interno. Esta ayuda del facultativo del centro resultó insuficiente y el joven iba a ser evacuado en helicóptero al Hospital Comarcal de Guadix, lo que no llegó a efectuarse por la muerte del joven en el mismo centro.

Desde la dirección de este centro de menores infractores de Oria, que gestiona la entidad Ginso, se ha elaborado un informe sobre los hechos y se ha puesto a disposición del Juzgado de Purchena y también de la Dirección General de Menores dependiente de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

A la investigación del Defensor del Pueblo se suma también la Red Andaluza de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que va a personarse en la instrucción judicial abierta para garantizar una investigación amplia para esclarecer con detalles lo ocurrido y, en el caso de que se acredite un uso excesivo de la violencia o inadecuación de los medios aplicados, se procederá inmediatamente a pedir el cierre del centro.

Desde la Red se critica la «gravedad y opacidad» con la que se opera en parte de las entidades gestoras de la red de centros de menores, por lo que la situación exige la máxima y urgente aclaración que recomienda que una entidad sin ánimo de lucro se persone para garantizar que la investigación tenga el máximo impulso y transparencia, sostienen.