El Defensor pide a la Junta agilizar las ayudas al alquiler de vivienda y a la renta mínima

Maria Dolores Tortosa

Jueves, 28 de marzo 2019 | Actualizado 29/03/2019 07:57h.

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El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha reclamado a la Junta de Andalucía una mayor agilidad en la concesión de las ayudas al alquiler y a la renta mínima de inserción social cuyos retrasos son dos de los puntos negros detectados en su balance de 2018 presentado ayer a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet. La Oficina del Defensor gestionó el pasado ejercicio 10.900 quejas, de las que 134 fueron de oficio, y 13.117 consultas, un 11,2% y un 26,3% más, respectivamente, que en 2017. En el balance destaca que las quejas del personal del sector público (990) siguen siendo las más numerosas, seguidas de las relacionadas con la educación y menores, servicios sociales y sanidad.

El repunte en servicios sociales, con 651 quejas, un 75% más que en el ejercicio anterior, se debe a los retrasos en el pago de la renta mínima. Maeztu llama la atención sobre el tapón administrativo en esta materia advirtiendo de que aunque hay recuperación económica, hay situaciones de dureza y extrema pobreza para muchos andaluces. «Todavía se detectan núcleos de personas para quienes lo peor de la crisis aún no ha pasado y que necesitan de urgencia rentas de inserción para evitar la exclusión y pobreza», manifestó. En este sentido valora la puesta en marcha por el anterior Gobierno de la Junta de la reclamada renta mínima. Sin embargo, el informe detecta retrasos administrativos en su aplicación de hasta ocho meses, cuando la norma aprobada estipula unos dos meses desde la solicitud hasta el pago, recordando que se trata de retribuciones a familias sin recursos. «La gente se sigue teniendo que ir a la calle por problemas de gestión y la renta no llega a tiempos», denuncia.

El Defensor también señala como un asunto de gran preocupación para su oficina las quejas en vivienda relacionadas con retrasos en las ayudas al alquiler de la Junta de Andalucía el pasado año, sobre todo en las provincias de Málaga y Sevilla, que han provocado desahucios de familias en situaciones de vulnerabilidad económica y social. «Si hace unos años los motivos de los desahucios eran las ejecuciones hipotecarias por los bancos, actualmente lo es el impago de las rentas del alquiler», anota Maeztu. El último informe del Poder Judicial sobre la materia revelaba que seis de cada diez alzamientos de vivienda en España tenían lugar por impago de las rentas al alquiler. «En las redes estamos fritos con esto», apunta Maeztu. El atasco en Málaga y Sevilla se debe a que en estas provincias no hay listas definitivas de beneficiarios de las solicitudes de 2017, por lo que no pueden recibir las ayudas.

Maeztu mostró un año más su preocupación por los menores extranjeros no acompañados (MENA) y anunció unas jornadas en octubre de los defensores estatal y autonómicos el próximo octubre en Sevilla y Cádiz para coordinar lo relativo a la respuesta a la atención de estos chicos y chicas que cada vez más llegan a las costas andaluzas. Un total de 7.783 menores extranjeros no acompañados han ingresado durante el pasado año 2018 en Centros de Protección de Menores de Andalucía, de los cuales 7.386 fueron niños y 397 niñas.

Maeztu lanzó una propuesta a la Junta de Andalucía para que los MENA que cumplen 18 años y deben salir de los centros no queden a merced de las mafias. Instó a que se les aplique el programa de ayudas de subsistencia mínima de los menores tutelados, con una paga de 450 euros durante varios meses. También apunta que la Administración debería proveer a los menores de ayudas de viaje a donde quieran trasladarse para evitar que recurran a las mafias.

Recordó que la Defensoría del Pueblo andaluz promovió un grupo de trabajo junto a representantes de las Fiscalías de menores y extranjería, la Junta de Andalucía y el Instituto de Medicina Legal para la mejora de los procesos actuales de determinación de la edad de los menores. El objetivo es evitar que menores sean retenidos en los Centro de Inmigrantes para adultos o que adultos sean ingresados en centros de menores.

Maeztu se mostró «muy orgulloso» de los programas puestos en marcha en su etapa como defensor para llevar la institución a las comarcas rurales: Ya ha realizado 20 visitas, seis de ellas el pasado año, con resultados positivos en la solución de problemas fruto del aislamiento y la despoblación, como el cierre de entidades financieras. También destacó el servicio de mediación profesional y especializado para resolver los problemas de la ciudadanía, que el pasado año gestionó 154 quejas, un 170% más que en 2017.