La defensa de Quezada tacha de «radicales» las discrepancias entre Fiscalía y acusación

A puerta cerrada. Sin público. Sin periodistas. Una quincena de facultativos desfiló ayer por la Sala del Jurado de la Audiencia Provincial para responder a las cuestiones de las partes acerca de los informes médicos y forenses realizados en torno a la muerte violenta del pequeño Gabriel Cruz a manos de la expareja de su padre, Ana Julia Quezada, autora confesa del crimen y la primera mujer que enfrenta una pena de prisión permanente revisable en nuestro país.

Ella, la acusada, sostiene desde que fuera detenida con el cuerpo del niño en el maletero de su coche que la muerte fue accidental, que no tenía intención de matar al menor. Sin embargo, tanto la fiscal encargada del caso desde su inicio, Elena Fernández, como la acusación particular, ejercida por el letrado Francisco Torres, defienden que se trató de un asesinato, un crimen doloso; eso sí, con versiones distintas acerca de cómo se sucedieron los hechos en la finca de Rodalquilar, propiedad del padre del menor, en la que Quezada arrebató la vida al pequeño en la tarde del 27 de febrero de 2018. En ambos casos coinciden en hablar de asfixia como causa de la muerte, lo que constituiría el delito de asesinato con alevosía del que se acusa a la dominicana de 45 años de edad que mantuvo una relación de algo más de un año con el progenitor de su víctima.

Sin embargo, desde la acusación particular, consideran que además hubo ensañamiento con el pequeño -hecho imputable según el Código Penal-, una versión reflejada en su escrito provisional de acusación y que, a puerta cerrada, en la mañana de ayer fue defendido ante el tribunal popular por Nicasio Marín, internista del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que firma el informe pericial médico aportado por los representantes legales de la familia de la víctima.

«Hemos aportado pruebas y evidencias de una violencia intensa y extensa», apostilló el facultativo sin ahondar en más detalles acerca de su informe con el objetivo de «acatar y cumplir» la decisión de la magistrada que preside el tribunal, Alejandra Dodero, de mantener a puerta cerrada las declaraciones ofrecidas ayer por él mismo y el resto de profesionales médicos sobre los detalles más «sensibles» de la autopsia realizada al cuerpo del menor y los estudios psiquiátricos de sus padres, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, también considerados por las acusaciones como víctimas de Quezada. No obstante, sí que ahondó Marín en que, a su juicio, la «simplificación» de este crimen como un caso de asfixia supone «banalizar» lo ocurrido en Rodalquilar, alegato que coincide con el argumento dado por Francisco Torres tras la celebración de la sesión de ayer, la sexta de las ocho programadas. Para el internista del SAS, su informe refleja detalles «terribles»y de gran «crudeza».

De acuerdo a las conclusiones provisionales de la acusación particular recogidas durante la instrucción -un relato que el letrado Torres considera que las pruebas presentadas «viene a corroborar»- Quezada golpeó al niño «con violencia y con un objeto contundente», quedando «aturdido por la violencia de los golpes» que recibió en «la espalda y, sobre todo, en la cara y en la cabeza» que le habrían causado una «hemorragia cerebral». Una agresión tras la que el menor «podría haber sido reanimado de haberse solicitado asistencia médica».

Sin embargo, «entre 45 y 90 minutos» después, al ver la acusada que «seguía respirando con mucha dificultad, se subió sobre él, con las rodillas sobre el pecho, le tapó la nariz y la boca hasta que le provocó la muerte». En el citado transcurso de tiempo, según la acusación, la autora del crimen «cavó un agujero en el exterior de la vivienda, donde enterró al menor». El abogado de la familia manifestó ayer que de cara a las conclusiones finales van a presentar un desarrollo de los hechos «idéntico» al de esta calificación.

Por su parte, el abogado defensor de Ana Julia Quezada remarcó tras la sesión de ayer la existencia de «unas discrepancias radicales» entre los peritos médicos de la acusación particular y los médicos forenses que trabajan para la Administración «sobre cómo se produce la muerte» de la que se acusa a su representada. «Nosotros entendemos que el mecanismo y el relato que hacen los médicos forenses coincide mucho más con lo que realmente sucedió aquel trágico día», aseveró Esteban Hernández Thiel, letrado de la defensa, aseverando, eso sí, que será el jurado popular -compuesto por siete mujeres y dos hombres- el que deberá «determinar la intencionalidad que tenía la acusada en aquel momento». Aseguró Hernández que considera «llamativo» que ambas acusaciones no se pongan de acuerdo sobre los hechos aunque tachó de «comprensible»que la acusación particular trate de aportar «un relato más escabroso, más dramático y más terrible». Cree el letrado que los forenses son «las personas especializadas» en este tipo de valoraciones.

Las conclusiones provisionales presentadas por el Ministerio Fiscal, por su parte, apuntan a que la muerte de Gabriel Cruz se produjo debido a una asfixia mecánica por sofocación. Describe la fiscal sobre el día de autos que la procesada «con su evidente y desproporcionada fuerza física» cogió al menor y «lo proyectó contra el suelo o pared, superficie plana y contundente, de una de las habitaciones de la vivienda.

Tras este impacto, «con sus propias manos» le tapó los orificios respiratorios «utilizando una fuerza igualmente desproporcionada en la zona buconasal hasta vencer la resistencia de la víctima, provocándole de este modo su fallecimiento por asfixia». Detalla que ello ocurrió «con plena conciencia de asegurarse tal resultado mortal», descartando la versión accidental de los hechos manifestada por la defensa.