La defensa de Juana Rivas agotará «todos los mecanismos» para evitar que vaya a la cárcel

Maite Pozo, abogada de Juana Rivas, anunció ayer que agotarán «todos los mecanismos» que prevé la legislación para evitar su ingreso en prisión y que pueda ser privada además del ejercicio de la patria potestad de sus hijos, que es «lo que más preocupa» a esta vecina de Maracena. Las declaraciones de la letrada defensora se producen después de que la Audiencia de Granada confirmara la condena a Rivas a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores tras permanecer en paradero desconocido en el verano de 2017 junto a sus dos hijos para no entregárselos al padre. «Lo que más preocupa a Juana sería no poder estar con sus hijos», declaró Pozo, que recordó que el hecho de que la sentencia de la Audiencia todavía no sea firme implica que el ingreso en prisión de Rivas «no se va a producir de forma inminente».

Entre los mecanismos legales se encuentran el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el de amparo ante el Constitucional, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o solicitar el indulto al Gobierno, como ya anunciaron en un primer momento el jueves a través de un comunicado y que tendría que tramitarse a partir de la firmeza de la sentencia y su ejecución.

No obstante, la letrada admitió que los recursos y los medios con los que cuenta la defensa son «muy limitados», al tiempo que recordó que su despacho está personado «de forma reciente» en esta causa y que la apelación que ha sido resuelta recientemente por la Audiencia de Granada fue formalizada por otro equipo de abogados. Preguntada sobre cómo se encuentra Juana, que permanece en Italia para poder ver a sus hijos, indicó que aunque aparentemente parezca «frágil» es una mujer «fuerte» que va a hacer «todo lo posible por estar todo el tiempo posible» con los menores, y que a ella no le preocupa el ingreso en prisión sino la privación de la patria potestad que también le impone la sentencia. La Sección Primera ha estimado de forma parcial el recurso de apelación presentado por Rivas contra el fallo confirmado, aunque solo ha rebajado la indemnización por daño moral a su expareja Francesco Arcuri de 30.000 a 12.000 euros y ha mantenido «íntegros» los demás pronunciamientos.

Además de a los cinco años de cárcel, Juana Rivas fue condenada a seis años de inhabilitación para la patria potestad de sus dos hijos y el fallo confirmado por la Audiencia la obligaba también a pagar las costas procesales, incluidas las de la acusación, y a indemnizar a Arcuri, condenado en 2009 por maltrato y al que ella volvió a denunciar en 2016.