La defensa insiste en que no hay «un solo indicio» contra Chaves en los ERE

Ni los peritos ni los informes ni el resto de imputados han logrado apuntalar «indicio incriminatorio alguno» contra Manuel Chaves, para el que la Fiscalía pide una pena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación en la denominada pieza política de los ERE. Esta es la esperable conclusión de su defensa, que solicita la absolución del expresidente del Gobierno andaluz. Según manifestó ayer su abogado, el jefe del Ejecutivo se dedicó a las grandes políticas y conoció los conflictos sociales en la comunidad, pero no bajó al detalle de saber cómo se concretaron unas ayudas que apenas representaron el 0.34% del presupuesto autonómico.

El letrado Pablo Jiménez de Parga abrió este lunes el turno de las conclusiones finales de las defensas de los 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz imputados en la causa que enjuicia la puesta en marcha de un sistema específico para repartir casi 750 millones de euros en ayudas sociolaborales y ayudas directas a empresas en crisis de forma opaca y discrecional.

El argumento de Chaves fue sencillo. El presidente andaluz conocía los grandes conflictos sociales que había en Andalucía en la década de los 2000, e incluso sabía que la Junta tenía una línea de ayudas para esas entidades, pero no era su competencia conocer cómo se materializaban esos pagos.

«Conocía las grandes decisiones políticas, intervenía en esas decisiones, en lo que no intervenía en modo alguno era en cómo se articulaban las soluciones», abundó el letrado de Chaves, para quien «pretender que el expresidente de la Junta se tenga que estudiar cada expediente administrativo me parece que se opone a las reglas de la lógica y lo razonable, y linda con lo absurdo». Es más, estimó que, si tras «bucear en decenas de expedientes» sobre las más de 270 ayudas concedidas los únicos indicios encontrados por Anticorrupción son «cartas y faxes, poco tiene».

En la misma línea, la defensa de Chaves mantuvo que no se ha demostrado que el expresidente fuera advertido en algún momento de que se cometía alguna ilegalidad, ya que el interventor no elevó el preceptivo informe de actuación necesario para que el Consejo de Gobierno tomara medidas, de ahí que no pudiera ponerles fin, como le acusa Anticorrupción. De igual manera, las 18 modificaciones presupuestarias que se llevaron a cabo bajo el mandato de Chaves contaron con los informes favorables de Intervención, por lo que en el Gobierno autonómico no se pusieron reparos y las aprobaron sin debate.

También arremetió el letrado contra la acusación de opacidad y recordó que tanto los sindicatos como la patronal avalaron estas ayudas durante seis años en los acuerdos de concertación, recogidos en los presupuestos de la comunidad. Jiménez de Parga cuestionó numerosas afirmaciones del fiscal, que insiste en que Chaves mantuvo y no puso fin al sistema inadecuado.

Recordó el abogado que nadie planteó un recurso de inconstitucionalidad contra estas leyes de presupuestos por considerarlas fallidas.Es más,atacó el informe de los interventores del Estado donde cuestionan este modo de proceder, principal prueba de cargo de la causa, aseverando que los expertos no eran juristas, a lo sumo, dijo, «pseudo peritos» nombrados a dedo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.