La defensa de Griñán arremete contra la sentencia de los ERE y pide la absolución al Supremo

El tribunal de la Audiencia de Sevilla que condenó a José Antonio Griñán a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación confundió actuaciones políticas con administrativas. Éste es el principal argumento que la defensa del expresidente presentó este miércoles ante la Sala Penal del Tribunal Supremo para pedir la absolución de su defendido.

El alto tribunal examina esta semana los recursos de casación presentados por los condenados en ese procedimiento, entre los que también figuran el expresidente Manuel Chaves y los exconsejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Magdalena Álvarez, entre otros ex cargos de la Junta.

El abogado José María Calero, que representa a Griñán, reclamó la absolución del expresidente por entender que en los hechos probados que aparecen en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla en noviembre de 2019 no figura irregularidad alguna cometida por su patrocinado cuando fue consejero de Empleo y tampoco se acreditó que tuviera ánimo de lucro. “No puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos, no se describe la sustracción de fondos públicos, no es posible identificar que Griñán tuviera ningún ánimo de lucro ni tampoco terceros porque no se ha llevado a esos terceros a juicio", señaló

El letrado recordó que Griñán comenzó a formar parte del Gobierno andaluz en abril de 2004, por lo que no tuvo ninguna relación con la creación del mecanismo para la concesión de ayudas y el programa de subvenciones que constituye el núcleo de la causa. Su defendido, señaló, "no tiene nada que ver ni con las subvenciones, ni con el convenio, ni con las ayudas individuales".

La defensa recordó en ese sentido que el sistema para la concesión de estas ayudas se creó en el año 2001, tres años antes de la incorporación de Griñán como consejero de la Junta, y que para entonces esas partidas ya se habían incluido en tres presupuestos autonómicos, que tienen rango de ley.

Por ese motivo, negó que el expresidente pueda ser condenado por prevaricación, ya que en la sentencia no aparece ninguna resolución dictada por el entonces consejero. "No estamos ante un acto con capacidad de decisión, la única capacidad de decisión es del Parlamento", señaló.

Aseguró además que los hechos probados que figuran en la sentencia no concuerdan con la conclusión que aparece en la misma y por la que se condenó a su representado. Destacó especialmente que en ninguna parte del texto aparece descrito que Griñán tuviera capacidad de disposición de los fondos supuestamente malversados.

También rechazó el relato que hace la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre la malversación, ya que no aparece que Griñán tuviera a su cargo la partida objeto de la causa “ni capacidad de disposición sobre los fondos".

Aseguró además que los hechos que los hechos probados que figuran en la sentencia no concuerdan con la conclusión que aparece en la misma y por la que se condenó a su representado. Destacó especialmente que en ninguna parte del texto aparece descrito que Griñán tuviera capacidad de disposición de los fondos supuestamente malversados.

La confusión entre actos políticos y administrativos argumentada por la representación del expresidente ha sido un argumento común entre todas las defensas que han reprochado que la sentencia haya obviado las ayudas individuales en el juicio para luego construir el relato de la malversación entorno a ellas, cuando "no se puede utilizar lo que no ha sido sometido a prueba o contradicción".

Además, ha recordado que las irregularidades detectadas en el informe de la Cámara de Cuentas que incorpora la sentencia es de 2012, es decir, que esas irregularidades no afloraron en ninguno de los informes anuales previos, que no advirtieron de anomalías.

"¿Cómo puede ser que quepa reproche penal al que sigue el mismo criterio que le ha marcado el interventor?, ¿cómo pudo actuar bien el interventor general y no los que le siguieron?", ha subrayado.

Por ello, ha negado que mirase para otro lado y no quisiera saber nada de los informes de la Intervención, sino todo lo contrario, ya que "todo lo que sugirió la Intervención, el exconsejero lo llevo al Consejo, se aprobó y se convirtió en Ley. No hubo pasividad".

Todo es "un conjunto de conjeturas" dijo el letrado, que ha recordado que el instructor del Supremo -cuando llevó la instrucción de Griñán por ser aforado- con el mismo material que los magistrados de Sevilla no vio razón para la imputación de la malversación

Así, acusó al tribunal que redactó la sentencia impugnada de confundir actuaciones políticas con actuaciones administrativas. Este argumento también ha sido defendido por otros abogados, quienes han coincidido en que los hechos que se declaran probados no se corresponden con el fallo.

"Está claro que el objeto del delito de malversación son las ayudas individuales que han sido otorgadas, sin embargo las ayudas individuales no son objeto de enjuiciamiento en este procedimiento", ha subrayado la letrada Encarnación Molino, a cargo de la representación del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo.

La abogada dijo ue durante el procedimiento y en el fallo se ha vulnerado la presunción de inocencia de su representado. "No existe un procedimiento específico. Es una invención. Se está mezclando en la sentencia actuaciones de carácter político y de carácter administrativo", ha señalado.

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