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SEVILLA.
Sábado, 7 de septiembre 2019
La hora en la que Ana Julia Quezada, la asesina confesa de Gabriel Cruz, el hijo de su entonces pareja, Ángel Cruz, deba dar cuenta ante la Justicia ha llegado. El juicio con jurado popular comienza este próximo lunes bajo grandes medidas de seguridad, con 40 agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Almería, por el previsible impacto mediático de la vista. En parte por ello, la magistrada que presidirá la vista, Alejandra Dodero, ha acordado que las declaraciones de los padres del menor, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, así como la de su abuela, sean a puerta cerrada, según auto difundido ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La magistrada atiende solo en parte un informe del Servicio de Asistencia a la Víctima de Andalucía (SAVA) y un escrito de los letrados de Ángel Cruz y Patricia Ramírez en el que se solicita la celebración de las nueve sesiones del juicio a puerta cerrada.
El SAVA insiste a la magistrada de que «tras la victimización secundaria de Patricia y de Ángel, entre otras causas, por el uso desmedido de la mediatización del caso, se ha generado un estado crónico de temor al daño psicológico irreparable en la familia». El informe incide en el perjuicio que podría provocar que el juicio sea público y grabado y generar «una profusión de programas, noticias e impactos que darían lugar a un contexto tan terrible como innecesario de evocación del trauma».
«Esta victimización secundaria sufrida, se verá sin duda agravada si se hacen públicos detalles de la autopsia, los contenidos de los informes psiquiátricos y psicológicos o los detalles acerca de como se produjo la muerte del menor».
El SAVA sostiene que existen detalles de la autopsia que los familiares desconocen, recomendando que todas las sesiones se celebren a puerta cerrada, si bien la magistrada afirma que de «modo alguno» puede acoger el tribunal esta petición. «Como se ha dicho el juicio es oral y público bajo sanción de nulidad, salvo ciertas excepciones que no justifican el secreto absoluto que se pretende», dice la magistrada, quien apostilla que «el hecho de que se celebre a puerta cerrada, no evitará que se deje de hablar y tratar el triste suceso, que ya desde el principio tuvo una gran trascendencia mediática ya de forma voluntaria ya involuntaria». En este sentido, la magistrada sí acepta que se celebren a puerta cerrada las declaraciones de los padres del niño, su abuela y una prima menor de edad. También adopta esta medida para la totalidad del día 16 de septiembre, cuando se llevarán a cabo las periciales médicas y forenses.
Por otro lado, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha promovido un «pacto ético», que han suscrito once entidades, para la cobertura informativa del juicio, una iniciativa que ha sido respuesta a la petición de mesura de los padres de Gabriel, Patricia y Ángel, según ha informado a Efe Antonio Checa, presidente del CAA. El pacto ha sido suscrito por las asociaciones de prensa y periodistas de Almería, Huelva, Málaga y Sevilla, así como por el Colegio de Periodistas en Málaga, la Asociación pro Derechos Humanos de Sevilla, la Federación de Sindicatos de Periodistas, el Sindicato de Periodistas de Andalucía y QSD Global.
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