La decisión de la Fiscalía de investigar ahora los pozos de Doñana despierta suspicacias en la Junta

El portavoz de la Junta y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, se preguntó por qué la Fiscalía actúa ahora en relación a este asunto y no lo ha hecho en los últimos años. El acuífero que nutre a Doñana lleva tiempo dando señales de alarma, que se han agravado con la sequía, pero la situación del entorno natural no había sido objeto de polémica política hasta que el PP y Vox presentaron en el Parlamento de Andalucía su proposición para regularizar la situación de regadíos fuera de ordenación. Desde entonces, los choques entre la Junta y el Gobierno central han sido constantes.

«Desde el Ejecutivo andaluz estamos siempre a favor de que se cumpla la ley. Lo que nos llama mucho la atención es que la Fiscalía actúe ahora y no lo haya hecho a lo largo de los últimos años», dijo Fernández-Pacheco al ser preguntado sobre este asunto.

El portavoz de la Junta dijo que alguien debería responder acerca de por qué antes la Fiscalía no investigaba las extracciones de agua y ahora sí decide hacerlo. Matizó, no obstante que la Junta siempre va a estar a favor de que se cumpla la ley y de que «se penalice a aquellos que la infringen».

Para el consejero, quien tendría que explicar por qué el Ministerio Público abre ahora diligencias es «el que dé instrucciones a la Fiscalía, que no es el caso del Gobierno de Andalucía«, indicó en clara referencia al Gobierno central. »Nosotros entendemos que la persecución de los delitos debe ser una constante, siempre, todos los meses del año, no sólo cuando políticamente interese«, zanjó.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha fundamentado la apertura de estas diligencias en el objetivo de garantizar la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2021 que apuntaba que los pozos ilegales están detrás del deterioro medioambiental delespacio natural.

Según el Ministerio Público, «resulta necesaria la práctica de diligencias a fin de valorar la posible solicitud a la Administración Pública de inicio de procedimiento administrativo de exigencia de responsabilidad medioambiental». Por eso, indica que ahora en estas primeras diligencias identificarán a los operadores económicos y profesionales, y se pedirán los informes técnicos medioambientales pertinentes.