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Pablo Iglesias se convirtió ayer sin proponérselo en el protagonista de la clausura del debate del estado de la Comunidad. Susana Díaz y el portavoz del PSOE, Mario Jiménez, arremetieron contra el líder de Podemos en la última intervención del debate ... por sus declaraciones la tarde del miércoles en las que volvía a excluir a Andalucía del grupo de nacionalidades históricas. Aunque Iglesias rectificó luego sus declaraciones, la mecha ya estaba encendida y propició un gran malestar en los grupos parlamentarios de Podemos e Izquierda Unida.
Iglesias pronunció sus polémicas palabras en la presentación del libro ‘Repensar la España plurinacional’ en Madrid. Según recoge Europa Press, dijo que en nuestro país existen «cuatro nacionalidades que comparten estado», en concreto la española, la catalana, la vasca y la gallega, algo que considera «indiscutible», aunque admitió que la definición de nación ha resultado siempre algo «enormemente complejo para la izquierda».
Iglesias se olvidó de Andalucía, que se ganó el derecho a considerarse nacionalidad histórica como las anteriores tras el referéndum de 1980 al tramitar su autonomía por la vía rápida del artículo 151 de la Constitución. Hoy solo los presidentes de Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia, por ejemplo, tienen potestad de convocar las elecciones autonómicas.
Iglesias también dijo que hay regiones con «sentimientos populares que reclaman formas jurídicas autónomas y reconocimientos simbólicos propios» que no se pueden identificar «con amplios sentimientos nacionales» pero «han obtenido reconocimiento jurídico de nacionalidad», como Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. También manifestó que en Andalucía no hay un sentimiento de nación.
Susana Díaz acusó a Iglesias de querer volver a una España «con tres autonomías de primera», como de hecho pensaron los padres de la Constitución cuando diferenciaron en el artículo 2 la autonomía de nacionalidades y regiones. Las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 y el 28F rompieron aquel itinerario. «Estoy en absoluto desacuerdo con lo que ayer (por el miércoles) dijo Iglesias y estaré en desacuerdo lo diga quien lo diga», afirmó la presidenta, que calificó de «disparate» la aseveración del líder de Podemos.
La coletilla «lo diga quien lo diga» no es baladí. El PSOE andaluz también criticó en septiembre el olvido del secretario general de este partido, Pedro Sánchez, cuando no mencionó a Andalucía y sí a Euskadi, Cataluña y Galicia en su propuesta de una España plurinacional con las citadas nacionalidades históricas. «Andalucía no es menos que Euskadi, Cataluña y Galicia», aseveró entonces Díaz.
En aquella ocasión, la portavoz de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, fue la primera en criticar a Sánchez para subrayar las diferencias internas en el PSOE. Rodríguez se ausentó del Pleno del Parlamento durante la intervención de Jiménez y Díaz, aunque tampoco estuvo presente el líder del PP andaluz, Juanma Moreno. Tanto el portavoz socialista como la presidenta de la Junta increparon a Podemos y a IU Andalucía para que aclaren su posición tras las palabras de Iglesias y si comparten su propuesta de «una España asimétrica». Jiménez advirtió de que se trata de «una estrategia que no es nueva», sino «pensada y ejecutada con frialdad por Pablo Iglesias desde hace más de dos años y con una continuidad en el tiempo».
La portavoz de Podemos eludió responder a la prensa sobre las declaraciones de Iglesias. Luego en su cuenta de Twitter Rodríguez quiso dejar clara su postura para zanjar la polémica: «Andalucía es una realidad nacional, entre otras razones, porque fue lo que su pueblo exigió un 4D, aprobó en el referéndum del 28F y así consta en su Estatuto, igualmente refrendado por el pueblo andaluz en 2007».
Durante toda la mañana hubo intentos desde Podemos Andalucía y Antonio Maíllo de contrarrestar las críticas desde las filas socialistas. El coordinador de IU Andalucía habló con Iglesias, quien le remitió un vídeo con otras declaraciones en el mismo acto de Madrid en las que reconoce a Andalucía como una nacionalidad histórica. Ante la pulla de Susana Diaz desde la tribuna del Parlamento, Iglesias tuvo que aclararlo en Twitter: «Andalucía se ganó movilizándose y votando su reconocimiento como nacionalidad histórica para ser como la que más. Sin Andalucía no se entiende la plurinacionalidad de España. Así lo dijimos ayer».
Susana Díaz replicó al secretario general de Podemos también desde su cuenta de la red social: «Pablo Iglesias no se entera de que no hay CCAA de primera y de segunda. Andalucía, con el 4D y el 28F, acabó con eso y no hay vuelta atrás».
La presidenta reivindica con ello el papel de Andalucía con aquel proceso autonómico para que hoy todas las comunidades españolas tengan garantizadas la igualdad y equidad, un papel «protagonista y activo» que también quiere que Andalucía vuelva a desempeñar si hay un proceso de reforma de la Constitución, del modelo territorial o de la financiación autonómica.
De todo ello habló de nuevo en su discurso final del debate de la Comunidad, pero también aprovechó la intervención sin posible réplica de sus oponentes para marcar diferencias sobre el problema territorial, sobre todo con el bloque de Podemos-Izquierda Unida.
Los líderes de estas dos formaciones siempre han defendido que Andalucía no sea menos que ninguna otra comunidad en un nuevo estado de las autonomías en España y también han reivindicado el legado del 4D y el 28F. Coinciden con el PSOE en un modelo federal, aunque con matices diferentes. Podemos e IU exigen la República.
Si bien, la discusión sobre la independencia de Cataluña sí ha marcado por primera vez diferencias en la izquierda en Andalucía. No solo de Podemos con el PSOE. En las filas del partido morado también hay discrepancias y algunos de sus dirigentes y bases temen que la radicalidad de Rodríguez en defensa del derecho a decidir les reste votos en esta comunidad.
Susana Díaz pareció querer ahondar en estas diferencias internas al remarcar ayer su posición ya conocida: «Estoy radicalmente en contra del derecho a decidir, de que sobre aspectos que nos afectan a todos, decidan algunos mientras otros nos quedamos mirando». «Si aceptáramos que una comunidad tenga el derecho a decidir si rompe España, con mucha más naturalidad también se tendría que aceptar que decida cuánto aporta al conjunto del Estado», apostilló.
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