Cerca del 40 por ciento de los juicios señalados en Andalucía se suspenden

En términos globales se suspendieron aproximadamente el 38 por ciento de los juicios señalados, oscilando entre el 31 por ciento de la jurisdicción penal y el 62 por ciento de la jurisdicción social, que es la que tiene el porcentaje de suspensiones más alto, según se expone en la memoria anual del alto tribunal andaluz, consultada por Europa Press.

La suspensión de una vista conlleva que el hueco que estaba previsto para ese día no pueda cubrirse con la inclusión de otro juicio o señalamiento. Se prolonga así en exceso el tiempo de finalización de los procesos, con el consiguiente perjuicio para la buena marcha de los órganos judiciales, y ello se suma a la problemática que ya existe por el nivel de asuntos pendientes de resolver.

Las estadísticas revelan una tónica de aumento en 2023 y uno de los elementos que han influido en ello es el impacto de las huelgas de los Letrados de la Administración de Justicia y de los funcionarios. A raíz de la situación de conflictividad laboral prolongada durante varios meses, se han detectado más de 30.000 actuaciones suspendidas en el conjunto de Andalucía durante el periodo de huelga, incluyendo señalamientos de vistas o declaraciones, procedimientos pendientes de reparto, firma o notificaciones, entre otras.

En la Jurisdicción Civil el porcentaje de suspensiones ha sido del 33 por ciento y en la Contencioso Administrativa del 40 por ciento. En todas las provincias se aprecia un aumento generalizado, siendo Huelva la que tiene las cifras más bajas, con un 32 por ciento, y Almería las más altas con un 42 por ciento. En otras como Granada se aprecia un incremento importante, pasando de un 28 por ciento de juicios o vistas señalados en 2022 a un 40 por ciento en 2023.

Para el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, este aumento de las suspensiones de juicios evidencia la necesidad de intensificar el control de los posibles defectos procesales e incidencias en las fases previas al señalamiento, así como llevar a cabo cambios en la organización de las oficinas judiciales.