Las cuadraturas del círculo de Doñana

El año pasado, cuando aún se desconocía que a la legislatura apenas le quedaban cuatro meses, el PP, Ciudadanos y Vox presentaron una proposición de ley que propugnaba la regularización de los terrenos no incluidos en el plan de ordenación de la corona norte aprobado en 2014. La propuesta inició su tramitación con la abstención del PSOE-A y el voto en contra de los grupos a su izquierda y suscitó un rechazo frontal del Gobierno de España y de las instituciones europeas, que lo veían como una amenaza al maltratado acuífero del que se nutre el Parque Nacional que una sentencia de la UE obliga a España a restaurar.

Aquella tramitación parlamentaria decayó con la disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones. Un año después el PP volvió a poner el tema sobre la mesa con una nueva proposición de ley. En esta ocasión, los populares no tuvieron que pactar el contenido del texto ni con sus entonces compañeros de gobierno de Ciudadanos, que ya no están en la Cámara, ni con Vox, el conflictivo socio parlamentario con el que mal que bien tuvo que entenderse durante la pasada legislatura.

Con la libertad de movimientos que permite la mayoría absoluta, el PP elaboró un texto bastante rebajado en relación al anterior que aspiraba al difícil objetivo de recoger las aspiraciones de los regantes afectados y al mismo tiempo atenuar las críticas del Gobierno y no levantar las alarmas que el anterior proyecto despertó en Bruselas. Por ello incluyó algunas modificaciones, como la aclaración de que las zonas de regadíos que sean reconocidas como tales sólo podrán abastecerse de aguas superficiales y que se pondrá en marcha una oficina técnica para analizar caso a caso. El PP argumentó que su proposición blinda la protección del Parque Nacional, ya que se protege explícitamente el acuífero.

Sin embargo, la tozuda realidad volvió a demostrar que convencer al mismo tiempo a una parte y a otra se parece mucho a encontrar la cuadratura del círculo. El Gobierno central volvió a posicionarse radicalmente en contra, la Comisión Europea amenazó con llevar el tema al Tribunal de Justicia de la Unión si la propuesta sale adelante y hasta los letrados del Parlamento, en un informe no vinculante, pusieron reparos formales a la fórmula elegida para abordar el asunto.

Los socialistas anunciaron que cambiarán su abstención del año pasado por el voto en contra, y para dejar clara su postura presentaron una proposición no de ley, que también se abordará en el próximo pleno, en la que proponen que cualquier cambio sobre el plan de la Corona Norte se haga previo informe de la comisión de seguimiento del mismo y tras un dictamen del Consejo de Participación de Doñana. También proponen que se cree una comisión bilateral entre ambas administraciones -central y autonómica- para tratar todas las cuestiones relativas a esta cuestión, incluidas las obras hidráulicas pendientes.

El secretario general del PSOE, Juan Espadas, pidió este lunes la retirada de la propuesta del PP y expuso las debilidades jurídicas que a su juicio padece esa iniciativa. Además del informe de los letrados del Parlamento, aludió a la falta una evaluación de impacto ambiental, a la no intervención del Consejo de Participación de Doñana y a que la cuestión se aborde con una proposición de ley en el Parlamento y no por un decreto del Gobierno de la Junta. Recordó además que la Junta no presentó alegaciones en la tramitación del plan hidrológico del Guadalquivir (vigente hasta 2027), en la que no se contempla incremento alguno de zonas regables, y que se aluda a un trasvase de aguas superficiales cuyo destino ya está decidido y sobre las que tampoco se contempla el incremento de regadíos.

Pero los socialistas también se encuentran entre dos fuegos. Por un lado, no parecen dispuestos a adoptar una postura que despierte la desconfianza que su abstención del año pasado provocó en el Gobierno y seguramente también en la parte de su electorado más sensible a la agenda ecologista. Por el otro, necesita arropar a sus alcaldes en tres de los municipios más afectados -Moguer, Bonares y Rociana del Condado-, que en menos de dos meses deberán someterse al examen de las urnas y que tienen entre sus electores a muchos de los agricultores que claman por una solución.

Este lunes, tras volver a insistir en que no hay agua para más regadíos y de acusar al PP de llevar el asunto a un callejón sin salida, Espadas propuso volver a analizar fórmulas que ya se exploraron en el pasado, como expropiar vía indemnización a los regantes a los que no se les pueda ofrecer acceso a agua. Siempre, dijo, después de analizar caso a caso. El 'caso a caso', que también figura en la propuesta del PP, parece ser de momento el único atisbo de un encuentro que de momento se presenta lejano.