CSIF Andalucía llama a los funcionarios de Justicia a una huelga indefinida a partir del lunes

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes el presidente del Sector de Justicia de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, quien ha recordado que el último contacto del departamento que dirige la ministra de Justicia, Pilar Llop, con los representantes de estos trabajadores tuvo lugar el 24 de abril y que desde entonces la titular del ramo «ha hecho oídos sordos a nuestras reivindicaciones y al endurecimiento de nuestras protestas, cuyos efectos negativos para la ciudadanía lamentamos profundamente, si bien el único responsable es el Ministerio, que sí ha tenido a bien atender y responder positivamente a todos colectivos».

El responsable sindical de CSIF ha subrayado que los funcionarios -unos 9.000 en Andalucía y un total de 45.000 en el conjunto de España- están siendo tratados como «funcionarios de segunda» frente a otros cuerpos, y ha recordado que «llevamos décadas sin ser reconocidos ni profesional ni retributivamente», de forma que «si sólo hubiéramos hecho las funciones que tenemos asignadas legalmente, la Justicia ni funcionaría ahora ni habría funcionado nunca», ha argumentado.

Este viernes han continuado las acciones de protestas para visibilizar el malestar del colectivo en distintos puntos de Andalucía, como por ejemplo concentraciones en la Ciudad de la Justicia de Málaga o ante la Subdelegación del Gobierno en Jaén. En la Ciudad de la Justicia de Córdoba ha tenido lugar una asamblea de funcionarios de cara a la huelga indefinida.

Dicha huelga indefinida a partir del lunes, a la que seguirá una gran manifestación prevista en Madrid el día 25, ha estado precedida desde el pasado mes de abril por distintos paros parciales y jornadas de huelga de 24 horas, así como distintas movilizaciones paralelas como concentraciones en dependencias judiciales y manifestaciones, en un endurecimiento progresivo de las acciones de protesta y sin que elMinisterio de Justicia haya dado ningún paso que permitiera avanzar en la resolución de este conflicto.

Los sindicatos convocantes -además de CSIF, STAJ, CCOO y UGT- exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta económica concreta para negociar. En concreto, exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, de entre 350 y 430 euros.

Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto 'Complemento general del puesto', una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.

Los sindicatos han registrado en Moncloa una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplazándole a que autorice una oferta económica que reconozca las funciones que realizan cada día los funcionarios, y también a negociar la Ley de Eficiencia Organizativa de la Justicia, que afecta directamente a las condiciones de trabajo de los funcionarios.

Según los cálculos del comité de huelga, desde el inicio del conflicto más de 500.000 juicios se han visto suspendidos y aplazados, así como más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas y millones de ciudadanos afectados en toda España.