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Los contribuyentes andaluces que tributan en el impuesto de grandes fortunas podrán elegir si lo hacen en Andalucía o en las arcas del Estado. Los servicios de la Consejería de Hacienda trabajan en la articulación de una fórmula que permita mantener la bonificación del Impuesto ... sobre el Patrimonio aprobado por la Junta de Andalucía en 2022 y al mismo tiempo evitar que esa recaudación salga de Andalucía y acabe en la Administración Central.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado esta medida en la red social X, donde adelantó que el Gobierno andaluz dará a los grandes contribuyentes la opción de elegir para que sus impuestos se queden en Andalucía «Y en 2024, continuaremos bajando impuestos a los andaluces, a pesar de Pedro Sánchez», completó.
Esta medida tiene lugar después de que el pleno del Tribunal Constitucional desestimara el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra el impuesto sobre las grandes fortunas impulsado por el Gobierno de España después de que el Ejecutivo andaluz anunciara la bonificación al 100 por cien del Impuesto sobre el Patrimonio, transferido a las comunidades autónomas.
El hecho de que el Gobierno central aprobara esa nueva figura fiscal inmediatamente después del anuncio de Juanma Moreno de la supresión en la práctica del Impuesto sobre el Patrimonio fue leído por el Ejecutivo andaluz como una invasión de sus competencias, lo que motivó la presentación de un recurso ante el Constitucional que ahora ha sido rechazado.
Debido a que la nueva figura fiscal fue diseñada por el Ministerio de Hacienda para las autonomías que habían suprimido el Impuesto de Patrimonio, ya que no puede existir doble tributación por un mismo hecho, el efecto final iba a ser que lo que dejara de recaudar la Junta acabaría en las arcas del Estado.
A pesar de haber perdido su recurso, el Gobierno andaluz era reacio a recuperar la figura fiscal que había suprimido mediante su bonificación total, por lo que ha optado por que estos contribuyentes –los poseedores de un patrimonio superior a los 3,7 millones de euros- puedan elegir en el momento de su liquidación si renuncian o no a la bonificación que ofrece la Administración andaluza. En caso de hacerlo, el montante de su impuesto quedaría en esta comunidad, y si se acogen a la bonificación, entonces pagarían el impuesto a las grandes fortunas, que recauda el Estado.
Se estima que se trata de unos 900 contribuyentes que aportan por este impuesto unos 100 millones de euros a las arcas públicas.
Los contribuyentes con un patrimonio inferior a los 3,7 millones, al no estar afectados por el impuesto estatal, seguirán acogidos a la bonificación de la Junta y no tendrán que pagar.
La decisión del Tribunal Constitucional no ha cogido por sorpresa a la Junta de Andalucía, ya que semanas atrás un recurso similar presentado por la Comunidad de Madrid por invasión de competencias también ha sido rechazado. Ahora, el TC aplicó la misma doctrina para el recurso andaluz y el presentado por la Xunta de Galicia en un fallo en el que los cuatro magistrados conservadores han emitido un voto particular en el que estiman que sí ha habido invasión de competencias.
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