Desde la construcción hasta los restaurantes, los nuevos escenarios de lucha contra cambio climático

La norma, que fue aprobada con los votos a favor del PP y el PSOE, el rechazo de Vox y la abstención de Por Andalucía y Adelante Andalucía, pretende sumergir a la comunidad en una nueva lógica de producción y consumo que deje atrás la dinámica de fabricar-usar-tirar y adopte la de fabricar, usar, recuperar, reciclar y volver a usar. Se trata de reemplazar la economía lineal por una lógica de economía circular.

El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, recordó que esta norma es la primera gran ley de economía circular que entra en vigor en toda España y aseguró que demuestra el compromiso de la Administración ante la exposición de Andalucía a las consecuencias del cambio climático. Subrayó también la importancia de aprovechar el agua regenerada, gestionar adecuadamente los residuos que se generen y conseguir que estos sean cada vez menores porque se aproveche todo lo posible.

El objetivo de la norma, que afecta a todos los sectores de la producción, es que los residuos se conviertan en productos, reduciendo así su impacto contaminante para favorecer de esa manera la protección ambiental y frenar el cambio climático. No se trata de un objetivo etéreo, sino cuantificable. Se aspira a reducir los residuos que llegan a los vertederos hasta dejarlos en un 10 por ciento del total de lo que se produce.

Para llegar a esa meta, la ley fomenta el uso eficiente de los recursos, el alargamiento de la vida útil de los productos, la minimización de la generación de residuos y la lucha contra todos los tipos de obsolescencia. Así, la nueva norma, por la que se crea la Oficina Andaluza de Economía Circular, promueve la desaparición de la obsolescencia programada de los productos y prohíbe la destrucción de los bienes duraderos que no hayan sido vendidos.

Asimismo, prevé bonificaciones fiscales para los productos recuperados o reparados, empresas de transformación, distribución alimentaria o restauración que reduzcan de forma verificable los desperdicios de alimentos, prevención y recogida de basuras marinas, empresas, domicilios, comunidades de vecinos u otros usuarios que adopten sistema de compostaje de biorresiduos.

Contratación pública ecológica

Para comenzar por casa, con la entrada en vigor de la ley se obliga a la administración pública a incluir los criterios y objetivos mínimos obligatorios de contratación pública ecológica en la normativa sectorial. Así los licitadores deberán acreditar el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en sus procesos productivos.

La ley también limita los productos de un solo uso por parte de la administración, con la salvedad de aquellos sectores, como el sanitario, cuya utilización sea necesaria por razones de higiene.

También promueve la reducción de la producción de residuos alimenticios y la adquisición de productos frescos, de temporada o con un ciclo corto de distribución en los contratos referentes a servicios de hostelería, catering y restauración, así como en los contratos de suministros de carácter alimentario, en especial en centros educativos, sociosanitarios y de salud. En las licitaciones, se valorará el establecimiento de convenios con entidades sociales para la donación de excedentes.

También se incluye la priorización de procesos de producción o de prestación de servicios que se realicen empleando fuentes energéticas provenientes de energías renovables y se fomenta la utilización de prendas textiles fabricadas con materiales reciclados y mediante procesos de fabricación sostenible.

Asimismo, con esta norma las nuevas viviendas y edificios públicos deberán regirse por criterios de eficiencia y ahorro de agua. Deberán ser ecoeficientes y garantizar el confort térmico y la reducción del consumo energético.

En la licitación de obras públicas la entrada en vigor de la ley supondrá una mejor valoración de los ofertantes que disminuyan la generación de residuos durante la fase de construcción y de explotación y mejoren la gestión de los mismos, especialmente en su segregación y tratamiento. También a quienes integren el uso de materiales y residuos de construcción y demolición reciclados, favorezcan la restauración ambiental y la recuperación de los espacios degradados y contribuyan al ahorro en la utilización de recursos naturales mediante el empleo de materiales procedentes de fuentes sostenibles o de valorización de residuos.

También en las obras públicas la ley promueve el empleo de árido reciclado o artificial, materias primas secundarias u otros residuos de características técnicas similares.

Construcción

La construcción es uno de los sectores más afectados por la nueva ley, que supone cambios estructurales. Las nuevas viviendas deberán regirse por criterios de eficiencia y ahorro de agua. Deberán ser ecoeficientes y garantizar el confort térmico y la reducción del consumo energético. Asimismo, las nuevas urbanizaciones deberán apostar por pavimentos permeables y medidas de recuperación y reutilización de aguas pluviales y el uso de tanques de tormenta.

En el texto de la nueva norma se establecen los principios, criterios y herramientas para el fomento de la circularidad en el sector, desde la fase de diseño hasta la gestión de los residuos producidos en la actividad de la obra tanto pública como privada.

El objetivo es aumentar el uso de materiales reciclados y reciclables. Para ello, se incluyen medidas de reducción de producción de residuos deconstrucción y demolición y de mejora de su tratamiento como el establecimiento de fianzas a nivel municipal, a tramitar junto con la licencia de obra. Estas fianzas serán devueltas una vez los promotores acrediten que el escombro ha sido tratado por un gestor autorizado. Esto evitará que sigan proliferando el acopio de escombros en cunetas o espacios naturales

Las sanciones que establece la ley van desde los 30.000 a los 120.000 euros (o bien hasta el doble del beneficio obtenido por la conducta infractora). clausura de instalaciones, cierres temporales entre 3 y 5 años, inhabilitaciones para ejercer la actividad entre 1 5 y años, medidas provisionales para casos de urgencia. Se trata siempre de sanciones administrativas que no pueden aplicarse cuando se hayan abierto casos penales.

Desperdicios alimentarios

Uno de los objetivos de la nueva ley es la reducción de la generación de residuos alimentarios en todas las etapas, desde la producción primaria hasta el consumo en hogares y restaurantes. Entre otras medidas, con la entrada en vigor de la ley los establecimientos de hostelería y restauración deberán facilitar de forma gratuita, a los clientes que lo soliciten, los alimentos que hayan abonado y no se hayan consumido, en envases compostables. También se autoriza a los ayuntamiento a establecer bonificaciones a los establecimientos que colaboren con bancos de alimentos o entidades similares.

La ley también promueve el impulso de acuerdos voluntarios de carácter social en materia de alimentación y la realización de medidas específicas que promuevan el compostaje y el desarrollo de bioindustrias.

Sector textil

Asimismo, la norma promueve la implantación de la circularidad en el sector textil mediante el desarrollo e investigación para la aplicación de tecnologías innovadoras, más eficientes y respetuosas, y productos eficientes en el uso de recursos, duraderos, reutilizables y reciclables.

La Junta deberá impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación de formas de diseño, modos de producción y fabricación que prioricen el uso de recursos renovables, que reintroduzcan subproductos textiles recuperados, o incorporen un mayor porcentaje de materiales reciclados, sostenibles y de proximidad, como materia prima, y que obtengan productos duraderos, reutilizables y reciclables.

Agua

La nueva ley obliga a la Junta de Andalucía a incentivar la economía circular del agua a través de una política fiscal que persiga conseguir el buen estado y la adecuada protección de las masas de agua,

Plásticos

A más tardar el 31 de diciembre de 2025, se reciclará un mínimo del 65% en peso de todos los residuos de envases, respecto a lo introducido en el mercado. En el caso de los de un solo uso, ese porcentaje será del 77 en 2025 y del 90 en 2030. La Junta y los ayuntamientos deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar una recogida por separado, para su reciclado, de los productos plásticos de un solo uso. La introducción en el mercado de estos productos podrá considerarse equivalente a la cantidad de residuos generados procedentes de los mismos.

Electrónicas

Además de desincentivar la obsolescencia prematura de productos y encaminarse hacia la desaparición de la obsolescencia programada de los productos, la ley obliga a fomentar la constitución en empresas y otras entidades públicas y privadas de fondos circulares para combatir la brecha digital, que faciliten a la comunidad educativa y a las familias con menos recursos el acceso a aparatos electrónicos que aún cuenten con vida útil.

Así, deberá haber campañas de entrega gratuita de esos aparatos electrónicos y establecerán las prioridades de reparto que deban ser atendidas.