El Constitucional diluye el caso de los ERE

El caso de fraude en los ERE, que ha marcado a fuego la política andaluza durante la última década y que se instaló como una de las mayores causas de corrupción en las administraciones públicas en la historia reciente de España, está a punto de quedar diluido, al menos en su denominada 'pieza política', que juzgó la responsabilidad de los altos cargos, incluidos los expresidentes Chaves y Griñán.

Después de haber rebajado sensiblemente lo que afectaba a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, y de inadmitir por defectos de forma el recurso del exconsejero José Antonio Viera, el Tribunal Constitucional aborda a partir de este martes los recursos de cinco ex altos cargos de la Junta que han ingresado prisión. Se trata de los exconsejeros Francisco Vallejo (Innovación), Antonio Fernández (Empleo) y Carmen Martínez-Aguayo (Hacienda); el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román y el ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Todos ellos fueron encarcelados entre diciembre de 2022 y enero de 2023 y pese a que algunos ya han accedido al tercer grado penitenciario, el Tribunal Constitucional abordará sus recursos en primer lugar debido a esa circunstancia, ya que una anulación de sus condenas podría implicar un cambio inmediato en su situación. Tanto el antecedente de la sentencia dictada en relación con Magdalena Álvarez como el contenido de las ponencias sobre las que debatirá el pleno del tribunal de garantías, y que se han ido filtrando en los últimos días, apuntan a resoluciones favorables a los recursos y por lo tanto una previsible anulación o al menos rebaja de las penas que implicaron prisión.

A diferencia de Magdalena Álvarez, que sólo fue condenada por el delito de prevaricación, que no conllevó prisión, estos cinco ex altos cargos fueron hallados culpables de delitos de malversación, de ahí las penas de cárcel. Sin embargo, las ponencias que se han ido conociendo apuntan a que el Constitucional no solamente corregirá a la Audiencia de Sevilla y al Tribunal Supremo en cuanto al primero de los delitos, sino que también lo hará en relación al segundo.

En lo relativo a la prevaricación, el criterio de la mayoría del Tribunal Constitucional (con el rotundo posicionamiento en contra de cuatro de sus 11 magistrados) es que en la sentencia dictada se ha hecho una interpretación equivocada y entiende que la elaboración de los anteproyectos de ley de presupuestos y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación. Así quedó reflejado en la sentencia por la que se admitió parcialmente el recurso de Magdalena Álvarez y del mismo modo figurará en la del resto de condenados.

Las ponencias ya conocidas -que deben ser aun ratificadas por el pleno del Constitucional-, aplican un criterio semejante en lo relativo al delito de malversación. En el caso de Martínez-Aguayo señala que los proyectos legislativos en los que participaron los condenados -esto es, los proyectos de presupuestos- ni son resoluciones ni asuntos administrativos, por lo que no generan efectos jurídicos cuyas consecuencias puedan ser enjuiciadas penalmente.

Según el criterio de la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, ponente en este asunto, se trataría, de «meros actos preparatorios o de trámite del proceso legislativo que compete al Parlamento», cuya fiscalización es altamente incompatible con la separación de poderes» consagrada por la Constitución.

Así, el borrador considera que los tribunales no pueden controlar la fase preparatoria de unos presupuestos. Y una vez aprobados estos, «las leyes presupuestarias no pueden constituir la fuente de actos de disposición ilícita de caudales públicos a efectos de condenar por delito de malversación» .

Aunque el texto no pone en duda la ilegalidad de «concretas aplicaciones» de las ayudas de los ERE y que estas fueron a personas a las que no les correspondía, sí expone que no se puede demostrar que Martínez-Aguayo, entonces número dos de Griñán en la Consejería de Hacienda -criterio extensible al resto de los condenados por malversación, incluido el propio expresidente de la Junta- tuvieran conocimiento de que esas ayudas «se fueran a conceder al margen de toda finalidad pública».

Aunque esta resolución adelanta cuál será el criterio que se seguirá con el resto de los condenados, Griñán deberá esperar hasta conocer oficialmente la decisión sobre su situación. Pese a haber sido condenado a una pena de prisión, al no haber ingresado en la cárcel por motivos de salud su caso no se abordará hasta el 16 de julio, día en el que el pleno del Constitucional también deliberará sobre los recursos de su antecesor como presidente de la Junta, Manuel Chaves; el exconsejero Gaspar Zarrías; el exdirector de Trabajo Juan Márquez, también condenado a pena de prisión pero al igual que Griñán sin encarcelar por motivos de salud, y el ex director general de Presupuesto, Antonio Vicente Lozano.

• Temas
• Gaspar Zarrias
• Inmaculada Montalbán
• Magdalena Álvarez
• Tribunal Constitucional (TC)
• Tribunal Supremo (TS)
• España
• Sevilla (Provincia)
• Sevilla
• Caso de los ERE
• Juzgados
• cárcel