El consejero de Universidad destaca el papel de la Compra Pública para «afianzar» la I+D+i en Andalucía

El consejero se ha expresado en estos términos al presidir la primera reunión del Comité Director de Compra Pública de Innovación (CPI) de esta legislatura y la quinta desde la constitución de este órgano en 2019, según recoge un comunicado de la Consejería.

Allí, Gómez Villamandos ha avanzado que desde la Dirección General de Fomento de la Innovación, con el soporte de la Unidad CPI Andalucía dependiente de la Agencia Andaluza del Conocimiento, se está impulsando «este novedoso sistema de contratación» en la comunidad que se nutre principalmente de fondos europeos haciendo de intermediarios entre los actores principales del sistema; es decir, la Administración como comprador; y las empresas, centros y grupos de investigación como desarrolladores de soluciones innovadoras, identificando, promoviendo y gestionando de manera integral los proyectos de CPI.

El consejero se ha referido al proyecto eCity Sevilla, iniciativa constituida por el PCT Cartuja, Endesa, el Ayuntamiento de Sevilla y las consejerías de Política Industrial y Energía, a través de la Agencia Andaluza de Energía y Universidad, Investigación e Innovación, en el que la Junta movilizará a través del nuevo marco de financiación europea 2021-2027 «casi 20 millones de euros para 12 actuaciones innovadoras en el recinto de la Cartuja». El proyecto plantea el desarrollo de un modelo de ciudad en ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible en 2025, «adelantando en veinticinco años los logros de energía y clima establecidos para 2050».

Gómez Villamandos ha avanzado asimismo que, según la planificación prevista, «los primeros pasos para conseguir las soluciones innovadoras en el marco del proyecto eCity Sevilla comenzarán a darse en 2023», actuaciones con las que se pretende avanzar en la descarbonización, sostenibilidad de la energía y movilidad, servicios prestados a las empresas y trabajadores, así como la digitalización.

En la actualidad, dentro del marco de la Estrategia de CPI, se han aprobado a través de este instrumento de colaboración público-privada un total de 15 proyectos, impulsados desde distintas consejerías de la Junta de Andalucía y que suponen un presupuesto de en torno a 45 millones de euros.

En fase de ejecución nos encontramos dos proyectos piloto, Iameth_Agrifood y Cloud-IA, ambos impulsados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Con el primero, se pretende ofrecer soluciones innovadoras para garantizar la seguridad y calidad de las producciones agroalimentarias andaluzas, más concretamente del aceite de oliva y moluscos bivalvos. Por su parte, el propósito del proyecto Cloud-IA es generar un prototipo de e-infraestructura que multiplique la capacidad de explotación de los datos ambientales por parte de los gestores, aumentando así el impacto de la información en la toma de decisiones de la Consejería de Sostenibilidad.

A estos le siguen 11 proyectos más, cuya licitación se prevé para 2023 y suponen un presupuesto total de 33.073.333 euros. Por parte de la Consejería de Salud y Consumo se tratan de los proyectos sobre terapia de pacientes con neoplasias hematológicas; la creación de una plataforma de soluciones basadas en inteligencia artificial para el cribado de cáncer en Andalucía y el de Transformación Digital de Anatomía Patológica de Andalucía.

En el ámbito de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio, las actuaciones que están en vías de licitación son las relativas a propiciar el consumo energético casi nulo en viviendas protegidas; y otra, centrada en la «Electromovilidad por inducción».

En esta fase también se encuentra el proyecto para la optimización energética en la depuración de aguas residuales, de la Consejería de Agricultura; la Plataforma inteligente para la gestión de la administración de la Junta de Andalucía, por parte de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; y el de gestión inteligente de emergencias de Andalucía, de la Consejería de Presidencia.

Por último, también podrían licitarse el próximo año el sistema de seguimiento y control de las prestaciones de servicios de dependencia y el de Teleasistencia Avanzada, de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

Por otro lado, el proyecto de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para el creación de una herramienta de software, basada en soluciones de machine learning y big data, para la creación de itinerarios educativos personalizados al alumnado y la mejora del sistema educativo; y la puesta en marcha para la Consejería de Agricultura de un servicio digital que integre la información hidrometereológica de Andalucía mediante técnicas de Deep learning, están pendientes de publicar la Consulta Preliminar al Mercado durante el próximo año.

El Comité Director de Compra Pública de Innovación (CPI) de la Administración de la Junta de Andalucía se creó en noviembre de 2019 con el fin de implantar y consolidar la Estrategia para el Impulso y Consolidación de la Compra Pública de Innovación de la Junta, lo que permite desarrollar una fórmula de licitación más innovadora para satisfacer en el sector público demandas de servicios y productos avanzados aún no disponibles en el mercado, impulsando a su vez respuestas innovadoras de la iniciativa privada.

Este órgano de coordinación y decisión está contemplado dentro de la Estrategia para el Impulso y Consolidación de la Compra Pública de Innovación de la Junta, dotada inicialmente con 50 millones de euros procedentes de Fondos Feder.

El Comité Director, adscrito a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, es el responsable de impulsar aquellas medidas que resulten necesarias para la implantación y consolidación de este instrumento de mejora en la Administración de la Junta de Andalucía y del sector público andaluz.

Asimismo, establece aquellas directrices orientadas a simplificar y agilizar los procesos de contratación de bienes y servicios innovadores de una forma transparente, además de fomentar políticas de coordinación con el fin de favorecer la eficacia de la implantación de esta herramienta entre las distintas administraciones públicas de la comunidad autónoma. Del mismo modo, el Comité Director aprueba anualmente un informe de seguimiento del desarrollo seguido por esta herramienta.