La Conferencia de Presidentes abordará la financiación autonómica, pero aún no tiene fecha

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva tres años sin convocar al órgano, aunque su reglamento establece que debe reunirse dos veces al año, por lo que algunas de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, entre ellas Andalucía, presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo exigiendo su convocatoria.

Las comunidades reclaman que el órgano aborde la reforma del sistema de financiación autonómica, ya caducado, especialmente después de que el Gobierno admitiera su intención de tratar este asunto de manera bilateral tras el acuerdo para la investidura de Salvador Illa en la Generalitat de Cataluña firmado entre el PSOE y Esquerra Republicana.

Meses atrás, Sánchez anunció que se convocaría la reunión para octubre y que la misma se celebraría en Santander, pero solamente para tratar la crisis de acceso a la vivienda. Aquella propuesta no se llegó a concretar, pero la semana pasada el Gobierno convocó a los gobiernos autonómicos a una comisión preparatoria en la que se redactaría el orden del día.

Esta reunión tuvo lugar finalmente este lunes y en la misma los gobiernos autonómicos del PP consiguieron que, además de la cuestión de la vivienda, se incluyeran los otros asuntos. No obstante, no se concretó la fecha en la que la conferencia será convocada.

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que representó a la comunidad autónoma en la reunión, aseguró que esta fue convocada bajo presión de las comunidades del PP y que si no se pone fecha para la conferencia, el orden del día aprobado este lunes puede quedar caduco. «No tiene sentido aprobar un orden del día y no fijar fecha, es decepcionante», lamentó Sanz.

El consejero señaló que si realmente hubiese voluntad por parte del Gobierno de celebrar la conferencia, se habría fijado fecha y lugar, y eso no ha sucedido.

Según el PP, el Gobierno ha optado por cumplir el reglamento que rige las reuniones del máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los Gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas, que establece la obligación de tratar los asuntos que soliciten al menos diez comunidades o ciudades autónomas.

Para el PP, el Gobierno no podía hurtar a los presidentes autonómicos el derecho que tienen a debatir sobre la reforma del sistema de financiación, la inmigración o el déficit de personal sanitario en órganos multilaterales, como la Conferencia de Presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera o las Conferencias Sectoriales, «y no de forma bilateral como viene haciendo Pedro Sánchez».