José Antonio Griñán fue consejero de Economía y Hacienda entre el 24 de abril de 2004 y el 23 de abril de 2009, y presidente de la Junta de Andalucía entre el 23 de abril de 2009 y el 7 de septiembre de 2013.
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Según la sentencia del caso de los ERE, Griñán intervino en la elaboración de los presupuestos de los años 2005 a 2009 en los que se incluyó el uso de la transferencia de financiación al IFA, dentro del programa 31L, elemento central de la trama, ya que se hacía con la finalidad de conceder subvenciones por parte de la Consejería de Empleo, siendo el órgano gestor la Dirección General de Trabajo.
Así, sostiene el juez que el expresidente -en el momento de ser consejero- era destinatario de los informes de control financiero permanente de las empresas públicas, y en particular el del IFA; por lo que tuvo conocimiento de las deficiencias detectadas en los mismos.
De esta manera, concluye el juez que Griñán era plenamente consciente de la «palmaria ilegalidad» de los actos en los que participó, relatados en los hechos probados. De esta manera, le condena a 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días por los delitos de malversación y prevaricación continuada.
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