Las compañías de telecomunicaciones, las más denunciadas por los consumidores en 2019

Las compañías de telecomunicaciones son las más denunciadas por los consumidores durante el pasado año, según el balance de la Federación de Consumidores y Usuarios (Facua), que aglutinaron una de cada 4 reclamaciones interpuestas por los usuarios.

Las ofertas engañosas, las subidas fraudulentas de tarifas, los incumplimientos contractuales y los abusos que cometen las compañías de telecomunicaciones cuando los usuarios intentan darse de baja han elevado a este sector a la primera posición en las denuncias.

El segundo sector con más denuncias ha sido el de la banca y los servicios financieros, con el 14,1% de las reclamaciones frente al 24% de las operadoras de telefonía móvil, mientra que la sanidad se ha coloca en la tercera posición con el 10,9% de las quejas, especialmente debido a las irregularidades y cierre de las clínicas de la compañía iDental.

Durante 20199 los equipos jurídicos de esta organización de consumidores y usuarios han abierto 9.303 expedientes de reclamación en representación de sus asociados. En cuanto a las consultas planteadas por los consumidores en las oficinas de las organizaciones territoriales , a través de su teléfono y web la cifra alcanzó las 39.403.

E los últimos años, las telecos solo han sido desbancadas en momentos puntuales por el estallido de fraudes masivos como el caso Volkswagen, el cierre de iDental o la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que favoreció la avalancha de acciones de los usuarios contra la banca por la cláusula suelo.

El enorme número de casos de estas cláusulas suelo continúa posicionando a la banca como el segundo sector con más reclamaciones en Facua en 2019, con el 14,1%. La reclamación de los gastos de formalización de hipotecas, otras cláusulas abusivas en préstamos y el cobro de comisiones de forma irregular también han protagonizado buena parte de los expedientes abiertos el año pasado por los equipos jurídicos de la asociación y sus organizaciones territoriales.

En tercer lugar, la sanidad privada, con el 10,9% de las denuncias. El origen está en las irregularidades y el cierre de las clínicas odontológicas iDental, que ha dado lugar a que más de 5.000 afectados se hayan unido a Facua, de los que 847 se han personado ya en la causa penal abierta en la Audiencia Nacional a través del equipo jurídico de la asociación. Pero también son muchas las denuncias de malas prácticas e incumplimientos contractuales en otras empresas del sector de la sanidad privada, que se suman a las numerosas quejas de los usuarios por la devaluación de la calidad de la sanidad pública.

En cuarta posición de las denuncias se sitúa el transporte, fundamentalmente el aéreo, con el 7,3%. Además de incurrir en numerosos casos de grandes retrasos y cancelaciones, las compañías incumplen habitualmente la obligación de asistir a los afectados con comida y alojamiento durante la espera, abonarles compensaciones económicas directas -de entre 250 y 600 euros en función del tipo de vuelo- más las posibles indemnizaciones por daños y perjuicios.

En quinto lugar, las compañías de electricidad y gas, que han sido objeto del 7,2% de los expedientes abiertos en 2019, motivados principalmente por irregularidades en las facturas y engaños en la contratación. Aunque el Gobierno prohibió por fin las visitas puerta a puerta por el altísimo índice de fraudes, todavía hay compañías que siguen realizándolas y además los usuarios siguen siendo víctimas de ofertas engañosas a través de grandes campañas publicitarias o de la información facilitada por los comerciales de las compañías que se ubican en estands de numerosas grandes superficies. Las grandes empresas del sector hacen creer que sus tarifas de mercado libre abaratarán las facturas, cuando generalmente son más caras que la tarifa semirregulada (PVPC).

Facua tiene ya más de 225.000 socios, que la convierten en una de las principales asociaciones de consumidores de la Unión Europea y cuenta con organizaciones y delegaciones territoriales en las diecisiete comunidades autónomas.

La asociación critica la «escandalosa» falta de actuaciones de las autoridades con competencia en protección de los consumidores a nivel estatal y autonómico ante los gravísimos fraudes que se vienen produciendo estos últimos años. La pasividad de las administraciones obliga a judicializar los fraudes masivos, como ha ocurrido con el dieselgate y las cláusulas suelo, entre otros.

Durante la anterior legislatura, el papel del Ministerio competente en protección de los consumidores -el de Sanidad, Consumo y Bienestar Social- volvió a ser prácticamente inédito en lo que se refiere a la protección de los consumidores, denuncia Facua.

La asociación reclama que el nuevo Gobierno asuma como prioritarias las políticas de defensa de los usuarios y que se emprendan cambios legislativos a fin de que el nuevo Ministerio de Consumo sea dotado de competencias para aplicar multas ejemplarizantes ante los fraudes masivos. Y es que desde que comenzaron a aprobarse las leyes de consumo en los años 80, la potestad sancionadora ha estado exclusivamente en manos de las comunidades autónomas.

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