Comisiones de agitación

Llegados a este punto, quizás sea oportuno hacer un poco de memoria y preguntarse si la historia de las comisiones de investigación en el Senado, en el Congreso o en el Parlamento de Andalucía permiten albergar alguna esperanza de que las golfadas reales o presuntas que se pudieron cometer mientras las personas decentes intentaban sobrevivir a la pandemia y cuidar a los suyos y los indecentes veían en esa crisis sanitaria una oportunidad para forrarse vayan a salir a la luz en sede parlamentaria.

Cuando se le pregunta a un político qué sentido tiene crear una comisión de investigación acerca de un caso que está bajo investigación judicial o que ya ha sido juzgado, la respuesta suele ser que las responsabilidades penales no son las mismas que las responsabilidades políticas, lo cual es cierto. El problema es que las responsabilidades políticas siempre se le exigen al del partido de enfrente y rara vez se admite que hay una viga en el ojo propio. Los políticos suelen ser tan generosos que siempre están dispuestos a ahorrarle al enemigo el esfuerzo de la autocrítica.

Más allá de que no debe quedar ni una sola irregularidad sin investigar –por la justicia, que es la que debe hacerlo-, hay un punto ruin en esta carrera en la que se han volcado los partidos embarrando el terreno de juego con la esperanza de salpicar al de enfrente a cuenta de una época en la que la desesperación por salvar vidas pudo llevar a ahorrar pasos administrativos y a pagar lo que hiciera falta para conseguir material sanitario.

Con mil muertos diarios y enfrentando a un enemigo desconocido hubo responsables que pusieron por delante la necesidad más urgente, a riesgo de saltarse algún trámite, y miserables que aprovecharon para enriquecerse o para favorecer a amiguetes. Distinguir entre unos y otros requiere de una mirada fina que es más probable que esté al alcance de la justicia y no de unas comisiones creadas para meterle el dedo en el ojo al adversario.