Espantada y bronca en el regreso de la comisión de investigación de la FAFFE

Con bronca y portazo. Así regresó este viernes la comisión de investigación de las FAFFE, constituida en el Parlamento Andaluz para determinar las posibles irregularidades en el destino de los fondos de formación durante la etapa socialista en la Junta de Andalucía, tras el receso de enero. El ex alto cargo Julio Coca, que había sido citado en el segundo turno, se retiró de la comisión una vez leída una declaración sobre los motivos por los que se negaría a responder a las preguntas de los diputados mientras el presidente de la comisión, el parlamentario de Ciudadanos Enrique Moreno le advertía de que su actitud podía tener consecuencias penales.

Julio Coca Blanes, que entre otros cargos ocupó entre julio de 2015 y enero de 2018 la secretaría general de empleo y posteriormente fue director de la agencia IDEA, había sido convocado para comparecer en la comisión de la investigación parlamentaria sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Al iniciarse la comparecencia, leyó una declaración en la que indicó que cuando fue nombrado director general de Empleo la fundación ya no existía, por lo que no podría aportar nada a la investigación. Dijo también que la propia comisión carece de sentido, ya que hay una investigación abierta en los juzgados, proceso en el que no se debe interferir y que por estos motivos no podía aportar elementos de análisis. «Doy por finalizada mi comparecencia», concluyó.

Antes de que se levantara del asiento, el presidente de la comisión le pidió que argumentara con base jurídica la decisión de no responder a las preguntas y le advirtió de que podría estar incurriendo en un delito de desobediencia. Como toda respuesta, y mientras los parlamentarios socialistas reclamaban a voces desde sus escaños que se respetara al compareciente, éste se levantó y abandonó la sala.

La de Coca era la segunda comparecencia del día en la comisión después de que a primera hora lo hiciera el ex secretario técnico de Empleo, Javier Aguado, quien tampoco declaró, acogiéndose a su derecho al estar incurso en un proceso judicial en marcha, aunque se quedó en silencio para escuchar las preguntas de los parlamentarios.

Después de que los representantes del Grupo Socialista se negaran a hacer uso de su turno de turno intervino el popular Erik Domínguez Guerola, quien dirigió sus dardos contra la líder socialista Susana Díaz, a quien acuso de estar haber diseñado una estrategia «teledirigida para que los que tengan que ver con las Faffe hagan una espantada». Esta estrategia, aseguró, comenzó cuando el expresidente de la Junta, Manuel Chaves, optó también por no responder a las preguntas de la comisión. «¿Si no hay nada que que ocultar por qué no están compareciendo?», preguntó.

En el caso de Coca, dijo que su testimonio era importante, ya que aunque la fundación objeto de la investigación parlamentaria se disolvió unos años antes, la liquidación se ejecutó en 2016, cuando el compareciente estaba en el ejercicio de su cargo. Se trata, aseguró, de una cuestión de gran interés, pues afecta al uso de dinero público.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos María Teresa Pardo, recordó que Coca no está implicado en la causa judicial, por lo que «no ha respondido porque no le ha dado la gana».

Por ello, aseguró, incurrió en un acto de desobediencia, por lo que pidió a la mesa que tome las medidas adecuadas. Su actitud, dijo «es de vergüenza y de tomar el pelo a los andaluces».

Pardo recordó que el compareciente ocupó a lo largo de los años de gobiernos socialistas nueve cargos eventuales en la Junta «Cualquiera entiende por qué se ha ido», dijo.

La parlamentaria de la formación naranja explicó que le hubiese gustado preguntarle por los 13 convenios colectivos diferentes que hubo en la fundación y por la validez de cada uno de ellos, por los 1.118 trabajadores, dijo, que estaban fuera de catálogo y no tenían funciones y por «si tenían tarjeta para las comidas, si tenían una caja donde ponían el dinero y cómo se pagaba la publicidad».

También, aseguró, «lo que tenían que explicar es por qué el dinero de los parados andaluces acabó en prostíbulos, en joyas y en comilonas».

También la portavoz de Vox, Ángela Mulas, se manifestó en tono muy crítico. Dijo que Coca «no tenía motivo para salir huyendo y tendría que haber colaborado con la comisión de investigación». Por ello pidió a la mesa que se dedujera testimonio por si cometió un delito de desobediencia. « A esto nos tuvo acostumbrados el PSOE durante 37 años», afirmó.

Por su parte, Ismael Sánchez, de Adelante Andalucía, se mostró comprensivo con la decisión de Coca de no comparecer porque a la comisión, a su juicio, se le está dando un mal uso. «No importa investigar lo que pasó, se ha convertido en un circo», dijo. «Nos entristece que no haya respondido pero lo entendemos», señaló.

No obstante, subrayó que los recursos de la Faffe bien invertidos hubieran supuesto una ayuda muy importante y lamentó que tanto el PP como Ciudadanos y Vox estén aprovechando lo sucedido «para que cale su discurso de privatizar».

Sánchez se refirió a los casos sonados de enchufismo que se produjeron en la Faffe y dijo que el hubiese gustado conocer la opinión de Coca sobre los criterios aplicados para contratar personal. Destacó también que para cualquier persona decente «es intolerable e indignante el uso de dinero público en clubes de alterne» y acusó a «la derecha y la socialdemocracia» de ponerse siempre de acuerdo en la falta de transparencia