La comisión de investigación de la Faffe no tendrá plan de trabajo antes del 30 de Abril

Los cinco partidos políticos que se sientan en la comisión de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) tendrán de plazo hasta el próximo 22 de abril para presentar sus propuestas de trabajo. Así lo han acordado por unanimidad los representantes de todos los grupos, quienes también han coincidido en que la fecha idónea para volver a encontrarse sea el 30 de abril. Ese día se debatirán los distintos documentos, y de su contraste debería surgir un modelo de trabajo definitivo que según ha insistido el presidente de la comisión, Enrique Moreno (Ciudadanos), será siempre «el más riguroso posible».

El punto relativo al funcionamiento y la organización era el único en la agenda de la que ha sido la primera reunión de la comisión desde su constitución el pasado 25 de marzo. Ese calendario inicial consensuado confirma lo que ya era un secreto a voces: las investigaciones que están llamadas a arrojar luz sobre si la Faffe hizo o no un uso indebido de los fondos públicos que manejó durante casi una década quedarán al margen de la campaña electoral que arranca esta semana. La próxima reunión, de hecho, se celebrará dos días después de abrirse las urnas.

Consecuencia de lo anterior aún habrá que esperar para que se despeje la incógnita que más atención congrega en torno a toda comisión de investigación que se precie: conocer el listado con los nombres y apellidos de las personas que citará cada partido político para escuchar sus versiones de lo ocurrido. En las quinielas de especulaciones vuelen a surgir los nombres de los expresidentes Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Sin plan de trabajo aún ni pista alguna sobre cómo ni en qué plazos se organizará, esa carta la seguirán ocultando las cinco formaciones políticas durante al menos varias semanas más.

Creada en 2003 y adscrita a la Consejería de Empleo, la Faffe se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza de la última década para el PSOE. Nació para gestionar los cursos de formación que debían recibir los desempleados andaluces, pero su trayectoria se vio salpicada por acusaciones de uso indebido de fondos, enchufismo de personas afines al Partido Socialista y una investigación judicial. El mayor escándalo está asociado a la figura de su exgerente Fernando Villén, quién habría gastado más de 30.000 euros en prostíbulos, restaurantes y hoteles con cargo a una tarjeta de crédito de la Fundación. La comisión impulsada por el Gobierno que conforman PP y Cs tiene ahora por delante la misión de depurar responsabilidades políticas, aunque sobre ella pesa el recuerdo del estéril resultado que arrojaron las otras dos que también han perseguido al PSOE durante los últimos años, la de los ERE y la más reciente, la de los cursos de formación.