Chaves y Griñán, ¿condenados o absueltos por el 'caso de los ERE'?

Lo de menos es que en este caso atípico de corrupción política a ninguno de los encausados se le haya juzgado por enriquecimiento ilícito y tampoco por financiación ilegal del PSOE, como el de la trama Gürtel con el PP. El fallo, sea el que sea, tiene visos de adquirir dimensión nacional y tocar a Pedro Sánchez, aunque este era un desconocido en política cuando ocurrieron los hechos, entre 2001 y 2009. La Junta concedió entonces 680 millones de euros en ayudas sociolaborales de las que se beneficiaron 6.096 prejubilados y decenas de empresas en crisis. Hubo desmanes y posiblemente fraude por terceros, pero estos aspectos no son los que se han juzgado. Hay otras casi 200 piezas abiertas sobre esto último.

El tribunal decidirá sobre si un procedimiento específico para conceder las ayudas a través de una agencia pública y, según la Fiscalía, saltándose controles de fiscalización previa y sin orden alguna, fue ilegal y de qué modo. También si, como apuntaron los jueces instructores de la causa y el PP, acusación particular, se hizo para favorecer clientelismo político y a empresas de personas vinculadas al PSOE. O si prevalecerá lo que argumentan la mayoría de las defensas, que el procedimiento era legal y si hubo desmanes se debió a su mal uso; o que no entendieron las advertencias de la Intervención como para tomar medidas, dado que no eran de alerta roja, de pérdida de dinero público.

En el banquillo de los acusados se sentaron el 13 de diciembre de 2017 dos expresidentes de la Junta: Manuel Chaves, para el que la Fiscalía pide diez años de inhabilitación por prevaricación; y José Antonio Griñán, para el que el mismo Ministerio Público pide seis años de cárcel por delito de malversación de fondos públicos y 30 de inhabilitación por prevaricación. A Magdalena Álvarez, exministra de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero, pero encausada como exconsejera de Economía y Hacienda, la petición es de diez años de inhabilitación, lo mismo para el que fuera uno de los 'número dos' del Gobierno andaluz con más poder, el exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías.

La imagen impactó muchísimo y supuso un duro revés al PSOE, partido que entonces seguía gobernando en la Junta de Andalucía desde 1982. La sentencia que se conocerá hoy cabe que desencadene un latigazo doloroso a la espina dorsal del socialismo andaluz si las penas son máximas, como espera el PP, acusación particular en todas las macrocausas de los ERE y ahora en la Presidencia de la Junta tras un pacto con Cs y Vox el pasado enero. Los populares ya pusieron ayer eslogan al histórico día de hoy: «La sentencia que pondrá fin a la etapa negra de Andalucía». ¿Y si las absoluciones superan las condenas y salen indemnes los expresidentes? Supondrá un alivio para el PSOE, ya sin poder en la Junta y con otras causas judiciales abiertas en su contra.

Ninguna pista sobre el fallo ha dado el tribunal presidido por Juan Antonio Calle Peña y las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez Casellas, salvo que este consta de 1.700 folios. Una providencia ha citado a los procuradores y acusados a conocer su contenido a las 12.00 de este martes. Se les entregará un 'pendrive' con la decisión de condenas si las hay y sus argumentaciones, así como las absoluciones si las hay y las razones. No se sabe si acudirán los acusados dada la expectación mediática o si lo harán solo sus procuradores. Los alrededores de la Audiencia de Sevilla han sido acordonados con vallas y se esperan fuertes medidas de seguridad. La expectación tiene su lógica. La sentencia aborda diez años de gobiernos socialistas en la Junta, pero en realidad abarca casi dos décadas, los que varios de sus encausados han estado al frente del gobierno autonómico, como Chaves, que fue 19 años presidente de la Junta. Hay un alto número de acusados con grandes responsabilidades en la Junta en los últimos años. La petición de duras penas de cárcel para 15 de los 21, entre ellos Griñán, acentúa la expectación.

El Ministerio Público pide 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación para 11 encausados: José Antonio Viera y Antonio Fernández, exconsejeros de Empleo; Agustín Barberá, exconsejero de Empleo; Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social; Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación y expresidente del IFA-IDEA; Jesús María Rodríguez Román, exviceconsejero de Innovación; Miguel Ángel Serrano, exdirector general de IFA-IDEA; Javier Aguado Hinojal, exsecretario general de Trabajo y Empleo y Juan Francisco Sánchez, exsecretario general técnico de Empleo.

En el segundo grupo de encausados con peticiones de 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación figuran, además del expresidente José Antonio Griñán, su viceconsejera de Hacienda y luego consejera del mismo área, Carmen Martínez Aguayo; Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta; También está Jacinto Cañete, exdirector general del IFA-IDEA, al que el ministerio público rebajó la petición por malversación de 8 a 6 años; lo mismo que a Lourdes Medina, exsecretaria general técnica de Empleo.

La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación a 6 acusados solo de prevaricación: Además del expresidente Manuel Chaves, en este grupo se incluyen Magdalena Álvarez, exconsejera de Hacienda; Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia; José Salgueiro Carmona, exviceconsejero de Hacienda y consejero (solo por varios meses); Antonio Vicente Lozano, exdirector general de Presupuestos; Francisco del Río Muñoz, exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta. La Fiscalía retiró durante el juicio la petición de diez años de inhabilitación para Antonio Estepa, exsecretario general de Hacienda. El juicio terminó el 17 de diciembre de 2018. Duró un año.