Chaves dice que el juicio de los ERE ha estado condicionado «por un clima de presunción de culpabilidad»

Manuel Chaves ha hablado por primera vez tras la sentencia de los ERE que le condena a nueve años de inhabilitación. Tras confesar que es un fallo «con el que no estoy de acuerdo» y contra el que va a recurrir al Tribunal Supremo con la esperanza «de que se haga justicia», ha respondido que el proceso «ha estado sometido a presiones» de todo tipo, también mediáticas, que, en su opinión, han podido pesar en las duras condenas porque todo el proceso de los ERE hasta el juicio ha estado en un «ambiente de de culpabilidad hacia nosotros». El juicio, en su opinión, «no se ha abstraído de este ambiente». «Respeto la sentencia, pero no la comparto, tengo la convicción de la legalidad de todas las decisiones que se tomaron en el Consejo de Gobierno que yo presidí». Chaves fue 19 años presidente de la Junta, desde 1990 a 2004; los años juzgados son de 2000 a 2009. «Tengo una sentencia que considero injusta y la recurro para que el Supremo haga justicia», ha remarcado.

El expresidente socialista de la Junta, condenado por un delito de prevaricación por el sistema ilegal de las ayudas a empresas en crisis, según la sentencia de la Audiencia de Sevilla, ha respondido a las preguntas de la periodista de la SER Angels Barceló y a ella ha vuelto a insistir en los argumentos que expuso en el juicio, que al Consejo de Gobierno que él presidió durante los años investigados «nunca llegó ningún aviso de ilegalidad» del procedimiento que se estaba utilizando para las ayudas, que sí reconoce fruto de una decisión política. «Yo he tomado decisiones políticas, pero no tuve conocimiento de los procedimientos, porque no los tengo por qué tener; si se han cometido abusos o ilegalidad en la ejecución del procedimiento, que la justicia caiga a peso sobre» sus responsables «si lo han hecho». Reitera que la única manera que tiene el presidente de enterarse de la ilegalidad de un procedimiento es que llegue al Consejo de Gobierno un informe de actuación de la Intervención General de la Junta y que este nunca llegó, «quizás porque nunca vio ilegalidad». Recuerda que los avisos que sí llegaron a otras instancias de la Junta eran sobre el «uso inadecuado» del sistema, pero no de ilegalidad. «Si hubiera conocido ilegalidad, hubiera actuado», ha afirmado. Chaves, que solo ha hablado sobre su situación personal de expresidente de la Junta, apunta como durante el juicio, hacia la Consejería de Empleo como responsable última de que hubiera menoscabo de fondos públicos, aunque en ningún momento ha mencionado a ningún departamento en particular.

Chaves también ha recordado que ya tomó responsabilidades políticas, al renunciar a su militancia en el PSOE y al escaño en el Congreso. Al ser preguntado si el caso de los ERE es un caso de corrupción en el PSOE, ha respondido que este «es un caso de miembros del PSOE que han estado en la Junta de Andalucía. Nos guste o no la gente lo identifica con el PSOE». A continuación ha añadido que en la sentencia no hay una línea donde se diga que un miembro del PSOE se ha enriquecido; que tampoco se dice que el PSOE se ha financiado con las ayudas; o que se haya creado un régimen clientelar. «Lo que dice es que el procedimiento es ilegal», sobre lo que sigue discrepando, ya que las transferencias de financiación se incluyeron en las leyes de presupuestos y estos eran aprobados por el Parlamento. «Una ley no puede ser ilegal», insiste.

Chaves también ha insistido en que el programa de los ERE se hizo con el único objetivo de «proteger a los trabajadores» de grandes empresas en crisis que se quedaron en el paro durante los años investigados. Ha recordado Santana, Faja Pirítica de Huelva y Puleva, entre otras. Ha criticado las manifestaciones sin rigor de dirigentes del PP y como prueba de que el 90% de las ayudas fueron para trabajadores necesitados es que de los 6.400 beneficiados muchos de ellos aún siguen cobrando prejubilaciones y el Gobierno de PP-Cs las sigue pagando con cargo aquella partida de 680 millones de euros considerada fraudulenta por la sentencia. De hecho, recuerda, en el Presupuesto de 2020 hay una partida para ello. «Había una política clara de proteger a los trabajadores, si hubo abusos e ilegalidad en el trámite del procedimiento, que la Justicia caiga sobre ellos», ha reiterado.