Chaves afirma que conocía las ayudas de los ERE, pero no cómo se repartían

Manuel Chaves volvió a defender ayer que siempre se movió dentro de la legalidad en su etapa de presidente de la Junta (1990-2009) y se escudó en la jerarquía de cargos establecida en la administración pública para reiterar que nunca tuvo conocimiento del uso de un procedimiento ilegal en la concesión de ayudas sociolaborales – por lo que se le juzga de prevaricación en el juicio del 'caso ERE'– porque no era su competencia conocer cómo se concedían las ayudas.

«No lo sé porque no me correspondía a mí saberlo», respondió una y otra vez el expresidente cada vez que el Ministerio Público ahondaba en la partida 31 del Presupuesto, desde la que la Consejería de Empleo concedió 741 millones de euros para empresas y prejubilaciones en la pasada década, según la acusación con un sistema ilegal para saltarse los controles. Tanta fue la insistencia del fiscal Juan Enrique Egocheaga para que Chaves le respondiera que el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, le llegó a llamar la atención varias veces: «Ya ha quedado suficientemente claro por sus respuestas lo que llegaba o no al presidente de la Junta». ¿Y qué es lo que sabía y no sabía Chaves? «Yo sabía que se daban ayudas sociolaborales. ¿Cómo se daban esas ayudas? ¿Cuál era el procedimiento? ¿Cómo se articulaban? Mire usted, yo no lo sabía, no correspondía a mi ámbito político de decisión», respondió. Chaves explicó que siempre respetó el principio de jerarquía del Gobierno, por lo que nunca despachaba con directores generales o delegados provinciales los asuntos, sino con los consejeros.

Admitió que tuvo numerosas reuniones con comités de empresa, dirigentes sindicales y de los empresarios ante crisis industriales porque ese era su cometido y «lo anormal» hubiera sido no atenderlos. Recordó los casos de Santana o la Faja Pirítica. «Mi criterio es que ante una empresa en crisis había que tratar de salvarla y proteger a los trabajadores». A partir de ahí las decisiones concretas no eran de su competencia. Dijo tener entonces la convicción de que las ayudas, las de Empleo o de cualquier otro departamento, se entregaban conforme a la ley. «Para mí era muy difícil pensar que en Empleo, en Educación o en cualquier otra consejería se estableciera de manera consciente un procedimiento para burlar la ley».

Chaves, que se enfrenta a una petición fiscal de diez años de inhabilitación, negó que conociera el convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA para pagar a través de esta agencia pública las ayudas sociolaborales mediante el instrumento presupuestario de las transferencias de financiación, lo que la acusación considera hecho adrede para saltarse los controles previos y decidir de forma arbitraria las subvenciones. «No conocí ni su existencia ni su contenido», dijo.

En cuanto a las transferencias de financiación no quiso entrar en si era o no apropiada su aplicación en el pago de las ayudas, como sí defendió Griñán, pero sí remarcó que se incluían en la ley de Presupuestos que era aprobada por el Parlamento. «No sé si eran apropiadas o no, pero estaban en la ley. Por definición una ley no puede ser ilegal».

Insistió en que el Parlamento es conocedor del contenido de la ley de Presupuestos porque es el que la aprueba y recordó que en dos ocasiones la oposición volteó los proyectos de ley (en 2004 y 2005) dando pie a un adelanto electoral. «Se ha creado una leyenda de que los parlamentarios no tenían información sobre los Presupuestos. La tenían toda», enfatizó en alusión a la instrucción del caso. El fiscal insistió mucho sobre su papel y conocimiento de la elaboración del Presupuesto. Tanto en respuestas a este como después a su abogado, Pablo Jiménez de Parga, Chaves explicó que el Presupuesto llegaba ya cerrado al Consejo de Gobierno y que lo que se debatía era la envolvente mostrando tres folios con un cuadrante de las grandes cifras.

Sobre las modificaciones presupuestarias para engordar las partidas de los ERE y que fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno, Chaves afirmó que nunca se debatieron ni las leyó porque estaban calificadas de trámite, incluidas en la carpeta del índice verde. «Lo que iba en índice verde no se leía», respondió.

Chaves estuvo sereno, pero al hablar gesticuló mucho y utilizó frases rotundas y con énfasis, muy en modo presidente. Hasta el punto que se permitió pedirle al tribunal que le dejara contar una anécdota cuando se le preguntó si intervenía en discusiones internas entre el consejero de Hacienda y el de Empleo sobre el incremento de las partidas de los ERE por encima de lo presupuestado.

Dijo que nunca supo de estas discusiones, pero anotó que por norma seguía el consejo que leyó en la novela 'Juliano el Apóstata', de Gore Vidal , de que para evitar una crisis de gobierno, cuando hay discusiones entre los ministros, siempre «hay que darle la razón al de Hacienda».

El tribunal aún deberá oír la declaración del secretario general técnico de Empleo Juan Francisco Sánchez García para cerrar el turno de los acusados. Será el próximo lunes. A partir del martes comenzarán la declaración de 150 peritos y testigos. Ayer se confirmó la renuncia del abogado Fernando de Pablo como defensor de Francisco Javier Guerrero, quien le ha sustituido por José Ávila. También se conoció el auto por el que la Audiencia de Sevilla rechaza la expulsión de la causa de Manos Limpias, como pidió el PP.