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Europa Press
Martes, 20 de junio 2023, 19:34
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha cifrado en 11.722 los solicitantes de asilo en Andalucía durante el año pasado y ha reclamado un pacto social y político que blinde este derecho frente a «los continuos ataques que está sufriendo en los ... últimos años».
Así lo ha señalado durante la presentación de su 'XXI Informe Anual: La situación de las personas refugiadas en España y Europa' dentro de un paquete de 37 medidas que la organización hace a los partidos políticos de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio con el objetivo de mejorar la protección internacional y evitar que «la incertidumbre política e intereses electoralistas menoscaben al derecho humano que tiene toda persona a buscar refugio».
En este sentido, señala que, entre las personas solicitantes, cientos se tuvieron que jugar la vida en el mar o en saltos de valla como los que desencadenaron la tragedia de Melilla. Por este motivo, CEAR pide a los partidos políticos que en sus agendas políticas den prioridad a garantizar el acceso al procedimiento de asilo de forma «legal y segura», a través de embajadas y consulados, tal y como está recogido en el artículo 38 de la Ley de Asilo.
Además, propone otras medidas como la emisión de visados humanitarios, la aprobación de un programa «ambicioso y permanente» de reasentamiento y la flexibilización de los requisitos de reagrupación familiar para evitar que las personas refugiadas se vean obligadas aponerse en manos de traficantes.
La organización reclama poner fin a las deficiencias del sistema de cita previa para solicitar asilo, que actualmente «condena a un limbo legal a miles de personas que esperan una media de seis u ocho meses para poder formalizar su solicitud de protección internacional», señala la coordinadora de Intervención, Políticas y Campañas de CEAR en Andalucía Occidental, Lourdes Navarro.
Pese a ello, CEAR recuerda que 118.842 personas solicitaron asilo en España el año pasado, sin contabilizar las miles a las que «se invisibiliza» por no poder acceder a una cita. Fue un año más eltercer país europeo con más peticiones, solo por detrás de Alemania y Francia, y el tercero por la cola en cuanto a resoluciones favorables con un 16,5%, solo por detrás de Malta y Chipre, quedando muy lejos de la media europea del 38%. Además, más de 122.000 expedientes siguen a la espera de resolución, «la mayoría durante meses e incluso años, incumpliendo los plazos legales».
En Andalucía, el número de solicitudes de asilo en 2022 alcanzó las 11.722, lo que supone una concentración territorial de casi el diez por ciento. Las solicitudes por provincias fueron repartidas entreMálaga, 3.418; Sevilla, 2.075; Almería, 1.634; Granada, 1.539; Córdoba, 1.329; Huelva, 781; Cádiz, 687, y Jaén, 259.
Asimismo, con la activación de la directiva 2001 de Protección Temporal tras el inicio de la guerra de Ucrania, las solicitudes de protección temporal ascendieron a 22.118 en Andalucía: Málaga, 13.404; Sevilla, 2.027; Almería, 1.766; Cádiz, 1.470; Granada, 1.459; Huelva, 865; Córdoba, 746, y Jaén, 381.
CEAR en su informe incluye medidas basadas en reforzar el sistema de asilo y garantizar este derecho humano. Para ello considera necesaria la creación de una estructura administrativa dependiente de Presidencia con presupuesto suficiente para aglutinar todas las competencias enmateria de asilo.
Asimismo, reitera la necesidad de garantizar que los Centros de Recepción, Atención y Derivación (Creade) puedan transformarse en 'ventanillas únicas del asilo' para que todas los solicitantes de protección puedan registrarse, documentarse y acceder al procedimiento a través de estos recursos, con independencia de su lugar de procedencia.
Este refuerzo del sistema de asilo debe venir acompañado con medidas que garanticen el acceso a derechos fundamentales. Para ello es esencial que las administraciones les faciliten el empadronamiento para que puedan acceder a servicios sociales, a la educación o la sanidad; así como promover planes para acabar con la discriminación a la hora de encontrar una vivienda, entre otras cuestiones. Por otro lado, las entidades bancarias deben garantizar la apertura de cuentas de pago básicas, como establece la normativa vigente.
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