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Quebrantamiento del principio de igualdad, ruptura de la separación de poderes y riesgo para la convivencia y el orden constitucional. Con estos argumentos, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) se ha pronunciado contra la ley de amnistía y el resto de las concesiones pactadas ... por el PSOE para conseguir la investidura de Pedro Sánchez.
Los empresarios, que han celebrado una reunión extraordinaria de su Comité Ejecutivo para posicionarse sobre estos acuerdos, se han referido a los aspectos económicos y financieros de los mismo para asegurar que su aplicación supondría un aumento de la desigualdad. «Las concesiones anunciadas en condonación de deudas; en materia de financiación autonómica; pactos fiscales; inversiones e infraestructuras para algunas comunidades, generarían privilegios para ciudadanos y empresas en unas partes de España y, a la vez, crearían una brecha insalvable con los ciudadanos y empresas españolas radicados en el resto del territorio«, indica el comunicado.
La CEA llama la atención sobre que los acuerdos afectan al ámbito de las relaciones laborales, distinguidas por desarrollarse a través del diálogo social. En su opinión, este cauce consensuado se obvia con el acuerdo de una reforma del Estatuto de los Trabajadores. «Sin entrar en su contenido, es ya una grave amenaza a la vocación de diálogo social que debe presidir el ejercicio de la acción legislativa en materia laboral, como se indica desde la Organización Internacional del Trabajo», advierte.
Los empresarios también expresan su «grave preocupación» por estos pactos, que a su juicio afectan a la imagen y reputación de España, con lo que se perjudica a ciudadanos y empresas por la inseguridad jurídica resultante, así como por la consiguiente inestabilidad política, jurídica e institucional. Todo esto, en su opinión, crea un marco de incertidumbre que resulta incompatible con la confianza y la estabilidad que requiere la inversión.
Para la CEA, además, es especialmente alarmante la amnistía y la creación de un relato que parte de la impunidad «de quienes sistemáticamente se han opuesto al Estado de Derecho, muchos de ellos a través, incluso, de la comisión de delitos y de la violencia».
En el comunicado se advierte también del clima de incredulidad social generado. «Muchas de las medidas ahora pactadas –recuerda- no formaban parte de los programas electorales de los principales partidos que los firman e incluso fueron negadas en el transcurso de la campaña electoral».
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