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El proyecto de Presupuestos para 2024cuenta con el respaldo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que además suscribe las tesis de la Junta sobre la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica y de la creación de un mecanismo de compensación hasta ... que se aprueba un cambio en el sistema. Son las principales conclusiones de la comparecencia en la comisión parlamentaria de Hacienda del presidente del Consejo Empresarial de Economía y Financiación de CEA, Manuel Ángel Martín, quien ha acudido en el turno de escucha a los agentes sociales durante la tramitación de la ley de Presupuestos, que se aprobará definitivamente este mes.
Los empresarios fundamentan su apoyo al proyecto impulsado por el Consejo de Gobierno de la Junta en que esos presupuestos dotan de un escenario de certidumbre a la inversión empresarial y se incrementan los programas económicos que más inciden en la actividad empresarial como los referentes a Turismo, Innovación, Digitalización, Industria, Fomento, según explicó Martín.
Celebran también el refuerzo en la política de agua, con más de 500 millones de euros en inversiones, y que se mantenga una política fiscal que a su juicio facilita la actividad económica y contribuye a incrementar el consumo al dotar a familias y empresas de una mayor capacidad de gasto.
En opinión del representante empresarial, este escenario presupuestario debe completarse con las medidas necesarias para impulsar la actividad económica, como las acordadas en el Pacto Social y Económico, suscrito en marzo. Entre las medidas de ese acuerdo destacan las relativas a la simplificación y agilización normativa, cuyo Decreto Ley, según la CEA, debería aprobarse a la mayor brevedad. Los empresarios destacan que para su plena ejecución, se requiere un fortalecimiento de las medidas consensuadas en materia de participación institucional.
El dirigente empresarial subrayó que dado que los Presupuestos están muy vinculados a políticas de carácter social, como Educación, Salud o Dependencia, la CEA confía en que se impulse el esfuerzo de colaboración público-privada que, en su opinión, no sólo debe mantenerse, sino incrementarse como garantía del mantenimiento de esos servicios públicos y su extensión al conjunto de la sociedad.
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