CCOO rechaza el decreto de vivienda de la Junta por permitir a rentas altas acceder a las VPO
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El sindicato cree que no soluciona el problema del precio de la vivienda y se regala el suelo público propiedad de la Junta a las constructoras·
El sindicato cree que no soluciona el problema del precio de la vivienda y se regala el suelo público propiedad de la Junta a las constructorasEl sindicato CCOO en Andalucía ha rechazado por «ineficaz» el decreto ley de vivienda aprobado por el Gobierno andaluz por considerar que no va a ... arreglar el «insoportable» precio ni de alquiler ni el de compra con las medidas contempladas, rechazando además que se permita a las rentas altas acceder a la VPO.
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CCOO considera que la construcción de 20.000 viviendas protegidas como se plantea este decreto «no será posible a corto plazo ya que no incluye medidas urgentes y las primeras viviendas no estarán como muy pronto hasta 2028».
El sindicato se ha mostrado muy crítico con el cambio de los límites de renta para acceder a la vivienda protegida, ya que ahora pueden acceder las rentas altas y muy altas, que es lo que le interesa a la patronal de la construcción, superando incluso los 98.000 euro al año, así que «hasta el presidente de la Junta Andalucía podría acceder a una VPO con este cambio, mientras hay más de 135.000 personas en los registros de demandantes con ingresos que no llegan a 35.000 euros».
Según la central sindical, «este decreto nos vende humo a costa del bolsillo e los andaluces porque en realidad lo que pretende esta medida es regalar el suelo propiedad de la Junta a las empresas constructoras, cuando dispone de una herramienta propia para construir vivienda de protección pública como es la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que le permitiría mantener la propiedad tanto del suelo como de las viviendas y así ir creando un parque público de vivienda con precios asequibles».
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CCOO sostiene que «el decreto ley solamente incluye medidas para favorecer el negocio de las constructoras, a las que además le van a permitir seleccionar a los compradores y compradoras sin necesidad de que estén incluidos en los registros de demandantes; es decir, sin el más mínimo control público para acceder a vivienda protegida, cargándose los registros municipales de demandantes».
Según el sindicato, «las únicas medidas urgentes que se pueden tomar son el control de la vivienda turística, la regulación de las zonas tensionadas, el control de los precios del alquiler, así como medidas para poner en el mercado viviendas vacías con medidas que ya aplican en otras comunidades autónomas, de manera que se puedan poner de forma rápida a disposición de las personas que más lo necesitan».
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