CCOO condena el decreto de simplificación y pide a la oposición que lo recurra en los tribunales

El sindicato Comisiones Obreras ha condenado la convalidación del Decreto de Simplificación Administrativa, aprobado ayer en el Parlamento andaluz, y ha hecho un llamamiento «a las fuerzas políticas progresistas» de la Cámara para que actúen para lograr derogar un decreto que el sindicato considera «hecho a medida del empresariado andaluz, sin considerar a la mayoría social, desregulando y eliminando controles y garantías». CCOO de Andalucía denuncia que esta medida «es una nueva afrenta contra lo público» y que la Administración, con su aprobación, hace dejación de funciones.

El sindicato ha anunciado que estudiará todas las vías legales para lograr la derogación del decreto ley, que fue convalidado este miércoles con los votos de PP, Ciudadanos y Vox. Para Comisiones Obreras, no se dan los requisitos de urgencia y necesidad que exige la normativa para aprobar por decreto ley la mayoría de las 320 medidas que incluye una norma en su opinión redactada “por y para el empresariado".

En un comunicado, CCOO apela directamente a las "fuerzas progresistas" del Parlamento, PSOE-A, Unidas Podemos y los diputados no adscritos de Adelante Andalucía, para que recurran ante el Tribunal Constitucional este nuevo decreto ley de simplificación del Gobierno de PP y Ciudadanos de igual manera que hicieron con el decreto ley 2/2020, admitido por el TC y que ahora se encuentra pendiente de resolución.

En su opinión, el decreto ley de simplificación plantea una "desregulación y deterioro de lo público" y constituye "otra prueba más de que en Andalucía no gobierna la derecha, sino el lobby empresarial" porque, en su opinión, "la Administración hace dejación de funciones al inhibirse en su responsabilidad de controlar, fiscalizar y dar garantías jurídicas".

"Si no se pone coto a esta forma de gobernar los efectos serán brutales, porque de facto supone la anulación de la participación y diálogo social establecido en la Constitución Española y en nuestro Estatuto de Autonomía, además de las propias funciones del Parlamento andaluz y participación de toda la ciudadanía", denuncia CCOO, que subraya su "obligación de hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esta norma no se consolide", para lo que considera "esencial" contar con los grupos políticos de la oposición.

El sindicato insiste en que "esta norma tiene como único objetivo desregular todas las actividades y sectores de la economía andaluza" y critica que Juanma Moreno "aspira a concurrir a las próximas elecciones como el presidente de la Junta que más lejos ha llegado en simplificación y reducción de trámites administrativos" con tres reformas "bajo el mantra de la simplificación" en lo que va de legislatura: la primera en 2019 sobre la declaración de proyectos de interés estratégico para la comunidad; la segunda con el Decreto Ley 2/2020, de9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, que incidía sobre 21 leyes y seis decretos con un centenar de medidas de simplificación; y ahora este nuevo decreto ley "que tendrá efecto sobre unas 80 normas y contendrá más de 300 medidas de simplificación que afectarán a todos los sectores".

Según CCOO, Andalucía "se va a convertir en una selva donde impere la ley del más fuerte, con la mínima intervención y regulación por parte de los poderes públicos y administraciones, una máxima de la que este Gobierno ya ha hecho gala otras veces y que deja muy contenta a la patronal: el mercado tiene capacidad y resortes para autorregularse y asignar recursos". "Una premisa que solo genera desigualdad, especulación, enriquecimiento desigual, debilitamiento de lo público y amenaza el bien común en detrimento de unos pocos", subraya.

En este sentido, el sindicato rechaza un "atropello normativo de desregulación que busca competir con otras comunidades y territorios en la atracción de proyectos empresariales sin que se tenga en cuenta factores como la capacidad para generar empleo y riqueza, viabilidad del proyecto, durabilidad y vinculación, sostenibilidad".

"Andalucía viene sufriendo desde hace muchos años el desmantelamiento de su tejido industrial y no es por su entorno administrativo ni por la supuesta maraña normativa; sino por una falta de apuesta a medio y largo plazo por diversificar la economía de nuestra tierra. Este debe ser el gran reto del presidente de la Junta de Andalucía, y más ahora que llegan los fondos europeos", incide CCOO.

El sindicato advierte de que el nuevo decreto ley sustituye la autorización administrativa por una declaración responsable en 17 ámbitos diferentes cuando "las declaraciones responsables sin control administrativo posterior, bajo el argumento de agilizar los trámites, pueden tener un alto coste social y medioambiental, y supone admitir de facto la escasez de recursos humanos de las administraciones para cumplir con sus obligaciones y un alejamiento de la administración de sus competencias para dejarlas en manos del buen hacer de la empresa privada".

"La desregulación absoluta que introduce este decreto ley afecta a los andaluces y al futuro de nuestra tierra", concluye CCOO, que además acusa al Gobierno andaluz de "hacer dejación total de su obligación de velar por el desarrollo sostenible, la protección del patrimonio, el desarrollo urbanístico sostenible, la sostenibilidad medioambiental y la creación de empleo y los derechos laborales" con el objetivo de "dejar exclusivamente a la voluntad del empresariado el modelo económico y social en el que se va a convertir nuestra comunidad en el futuro cercano".

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