Cayucos en la Cámara

Andalucía dispone de 645 plazas para atender a estos menores desamparados que un año atrás sólo estaban ocupadas en un 60 por ciento y que ahora, con el goteo continuo de llegadas –tanto directamente a las costas andaluzas como procedentes de los otros territorios fronterizos- se ha sobrepasado. La Consejería de Igualdad ha denunciado en repetidas ocasiones de que entre los que llegan de forma indirecta se encuentran migrantes a los que el Gobierno envía desde otras zonas con la suposición de que son adultos y una vez en Andalucía se comprueba que aún no han alcanzado la mayoría de edad, por lo que se ve obligado a hacerse cargo de su alojamiento y manutención sin contar con recursos suficientes. La Junta ha detectado esta situación en más de medio millar de casos.

«El Gobierno trata a los inmigrantes como paquetes de Amazon», ha lamentado en numerosas oportunidades la consejera de Igualdad, Loles López, para mostrar la censura del Gobierno andaluz a lo que considera ausencia de una política migratoria por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Recientemente, después de que el Gobierno enviara a un grupo de 85 refugiados subsaharianos solicitantes de asilo a la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira sin comunicarlo previamente ni la Junta ni al Ayuntamiento, las críticas del Gobierno andaluz volvieron a arreciar.

El Parlamento de Andalucía abordará el próximo jueves -en la segunda jornada del pleno con el que se inaugura el nuevo curso político-la situación creada por la crisis migratoria en sendas proposiciones no legislativas presentadas por el Partido Popular y Vox.

Estas formaciones aunque críticas con la política migratoria del Gobierno, mantienen posiciones distantes y casi enfrentadas sobre este asunto. En un debate parlamentario celebrado antes del intervalo veraniego, el presidente andaluz, Juanma Moreno, acusó a la formación presidida por Santiago Abascal de utilizar políticamente el problema de manera sangrante y le advirtió de que no está dispuesto a participar en la «cacería de inmigrantes» tras destacar la aportación de estos trabajadores a la economía regional en sectores como el agrícola o la construcción.

La inclusión de ambas Proposiciones No de Ley (PNL) en el orden del día del próximo pleno no estuvo exenta de polémica. En el texto presentado por Vox el término 'MENA' (acrónimo de Menores Extranjeros No Acompañados) figuraba escrito en minúscula -como sustantivo y no como sigla-, aspecto sobre el que llamó la atención la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, quien reclamó que se modificara. Concretamente, la proposición decía que tanto Juanma Moreno como Loles López «han manifestado su posición favorable a la llegada y reparto de menas en Andalucía».

La parlamentaria de la coalición de izquierdas argumentó que utilizar esa palabra, no reconocida como tal por la RAE, como sustantivo y no como acrónimo contribuye a la cosificación de personas, con consecuencias que pueden ser impredecibles en términos de convivencia. La palabra fue modificada en el texto que finalmente llegará al pleno.

Los dos textos que serán sometidos a debate, de manera separada aunque consecutiva, exhiben las diferencias que separan al Partido Popular de Vox en esta materia.

La proposición del PP sostiene que la ausencia de una política migratoria por parte del Gobierno ha desencadenado una situación de descontrol sin precedentes en España, con cifras de llegadas hasta ahora inéditas que suponen un aumento del 66 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior. «Lo más dramático es que estas cifras cuentan las personas que consiguen llegar, pero no las que se están quedando por el camino», sostiene antes de citar el informe 'Caminando caminos', que estima en 6.000 el número de víctimas mortales, de las que unas 300 eran menores.

«La política migratoria es una política de Estado que requiere de una visión y un abordaje integral, desde todas sus vertientes y dimensiones, que permita compaginar el obligatorio y necesario control y protección de nuestras fronteras terrestres y marítimas, así como el respeto a los derechos humanos y la atención e inclusión de las personas migrantes que llegan a nuestro país y quieren desarrollar su proyecto de vida con todas las garantías», sostiene el texto presentado por el Grupo Popular.

El PP considera que no se puede hablar de habilitar, mejorar o impulsar las vías regulares de migración vinculadas al mercado laboral si el Gobierno «continúa favoreciendo, con las ausencia de políticas nacionales para el control y ordenación de flujos migratorios irregulares, las vías no habilitadas de llegadas a España».

En el texto también se hace referencia a la ausencia de coordinación del Gobierno con las comunidades y ciudades autónomas, lo que entiende como una falta de lealtad y transparencia por parte del Gobierno de Sánchez y valora el esfuerzo que están haciendo las comunidades autónomas en la atención de las necesidades sanitarias, formativas y de ocio y tiempo libre de los menores migrantes y critica que el Gobierno se limite a reconocer derechos sin aportar los recursos para prestarlos. Según el PP, la presión por el número de situaciones de desamparo de menores migrantes no acompañados está poniendo en peligro todo el sistema de protección.

La PNL del PP reclama que se reconozca expresamente a Andalucía, en su condición de frontera sur de España, como territorio de llegada de los flujos migratorios en plano de igualdad con Ceuta, Melilla y Canarias con el fin de que sea incluida en los planes de respuesta a la contingencia migratoria y reciba la financiación acorde a esa condición.

Entre otras medidas, pide también que se dote de más personal para la tramitación de las solicitudes de asilo y los expedientes de devolución; el despliegue de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo, la mejora de los acuerdos con Marruecos, Senegal y Mauritania para el control de los flujos migratorios y la creación de un fondo de contingencia para financiar a las comunidades autónomas en la atención a los menores extranjeros no acompañados.

La propuesta de Vox, por su parte, presenta a la inmigración ilegal como un problema «de extrema gravedad para los españoles y para los andaluces en especial». Tras hacer mención a la tragedia que supone la pérdida de vidas en el mar, acusa a los medios de comunicación y los partidos de intentar silenciar esta situación y a «algunas ONG» de ser cómplices de las mafias que operan en estas rutas.

En el texto, tras acusar al PP y PSOE de corresponsabilidad en la reparto de menores no acompañados entre las comunidades, vincula la inmigración con situaciones de inseguridad y con el deterioro de los servicios públicos y acusa a la mayoría de los migrantes de ser portadores de una cultura «incompatible» con la española.

Entre las medidas que propone figura la expulsión de los inmigrantes irregulares, la repatriación de los menores, que Andalucía se oponga a acoger a los que hayan llegado a otras comunidades y el cierre de los centros en los que viven estas personas.