Una campaña de boicot a la fresa y el trámite de la ley encienden de nuevo la polémica de Doñana

La campaña lanzada en el país germano por la plataforma 'Campact' contra el consumo de fresas procedentes de España, lejos de provocar una respuesta unitaria de la administraciones públicas, ha aumentado la brecha sobre el asunto de Doñana entre el Gobierno y las fuerzas políticas que lo sustentan de un lado y la Junta de Andalucía y el PP, del otro.

Campact, un colectivo que se define como progresista aunque carece de vínculos con partidos concretos -en su portal de transparencia no aparece financiación por parte de ninguna formación-, lanzó esta semana una campaña en la red exigiendo a las grandes cadenas de distribución que no vendan fresas procedentes de España con el argumento de que su producción está contribuyendo a desecar el Parque Nacional de Doñana. Alemania también es productor de frutos rojos y la fresa española es un competidor directo en ese mercado.

La petición colgada en la red por esta asociación, que ya ha superado los 150.000 apoyos, hace referencia a los resultados electorales del pasado domingo y dice que a consecuencia del éxito del PP «ahora existe el peligro de que el robo de agua pase a estar permitido oficialmente», por lo que pide a los supermercados alemanes que no compren fresas de procedencia española, ya que «si el negocio se hunde, el parque nacional aún tendría una oportunidad».

Este miércoles, el colectivo Campact compartió un texto en Twitter donde se preguntaba a qué están esperando las grandes cadenas de distribución alemanas «si hasta el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pide que se prohíba la venta de fresas españolas».

En rigor, Sánchez no se ha sumado al boicot, sino que, al igual que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha culpabilizado de esta campaña y de sus posibles repercusiones económicas al proyecto que se tramita en el Parlamento de Andalucía. «El negacionismo arruina nuestro medioambiente y corre el riesgo de arruinar las economías locales», escribió Sánchez en su cuenta de Twitter. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, le respondió a través del mismo medio culpándolo de esta situación. «La manipulación se les ha ido de las manos. Hablar mal de Andalucía y sus agricultores en Europa tiene estas consecuencias. Están jugando con el pan de miles de familias».

Los mismos argumentos se repitieron este miércoles en el Parlamento de Andalucía, donde tanto el PSOE-A como los grupos de Por Andalucía y Adelante Andalucía apuntaron contra la proposición de ley y reclamaron su retirada para evitar que todo el sector de la fresa de Huelva sufra las consecuencias del boicot.

Desde el PP, su portavoz, Toni Martín, acusó a Pedro Sánchez de haberse puesto al frente de la campaña, «orquestada con grupos cercanos al socialismo europeo», y de darle amparo y difusión.

Vox fue más lejos y atribuyó la campaña a un plan comunitario para acabar con el sector primario español.

El mismo día que esta polémica llegaba al Parlamento, en la comisión de Fomento y Ordenación del Territorio se aprobaba la lista de comparecientes en el trámite para la aprobación de la ley y la polémica no hizo más que avivarse.

La relación de personas que serán citadas a dar su opinión, una iniciativa habitual en la tramitación de todas las leyes, en la que se da voz a colectivos y agentes sociales afectados, no incluye a algunos de los comparecientes que había sido propuestos por el PSOE y el resto de las formaciones de izquierdas, como el presidente de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, y el presidente del Consejo de Participación del Parque, Miguel Delibes, que ya han mostrado una postura crítica con el proyecto. Tampoco se ha citado a ningún representante de la Unesco, institución que también ha criticado la propuesta de ley. En cambio, si figura la vicepresidenta Teresa Ribera, que como miembro del Gobierno central puede declinar su asistencia. Ribera no tiene previsto comparecer.

El PSOE no dudó en calificar de veto a los representantes de la comunidad científica la ausencia en la lista de Delibes y Revilla El parlamentario Mario Jiménez aseguró que se trata de una muestra de la escasa receptividad del presidente andaluz, Juanma Moreno, hacia opiniones en el ámbito de Doñana que discrepan de las suyas, y lamentó que tampoco los regantes que tienen una posición crítica con la iniciativa vayan a ser escuchados.

Jiménez recordó que durante la tramitación de la ley en la anterior legislatura el criterio de la comisión parlamentaria fue citar a todos los comparecientes propuestos por un mínimo de tres grupos, que ahora se ha cambiado por hacer lo que decida el grupo mayoritario. «Significa darle una patada a la posibilidad del diálogo y la moderación», sentenció.

También desde Por Andalucia han criticado que no se cite a estos comparecientes, así como a las asociaciones y colectivos ecologistas que tampoco podrán acudir.

El Grupo Popular ha argumentado que la selección de comparecientes se ha hecho siguiendo el principio de proporcionalidad de la representación de los grupos y que se han seleccionado las propuestas en las que coincidían más grupos políticos.