La larga travesía de Griñán para evitar la cárcel

Desde que el 19 de noviembre de 2019 la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó la sentencia por el caso de los ERE, que condenaba a penas de cárcel a José Antonio Griñán y otros ocho ex cargos socialistas en la Junta de Andalucía, el expresidente de la Junta de Andalucía comenzó una larga pelea judicial para evitar la entrada en prisión que ahora, con 76 años y enfermo de un cáncer de próstata, ha terminado. O eso al menos parece tras desaconsejar la forense su ingreso en prisión por un cáncer de próstata.

Cuando el expresidente fue condenado, en su caso a seis años de prisión, ya había pasado casi un año desde que el PSOE de Andalucía pagara en las urnas, con la pérdida de un bastión que había mantenido durante 37 años, el coste político de un desgaste en el que el caso que juzgó el reparto arbitrario de las ayudas a los parados jugó un papel decisivo.

Para entonces, Juanma Moreno llevaba diez meses en el gobierno de la Junta y Susana Díaz, a quien Griñán había elegido para sucederlo, ocupaba un asiento de jefa de la oposición que no tardaría en abandonar tras perder frente a Juan Espadas unas primarias con las que el socialismo andaluz intentó, de momento con escaso éxito, reencontrar su rumbo.

Todos los condenados, incluidos los expresidentes Griñán y Chaves –este último sólo a una pena de inhabilitación- depositaron en el Tribunal Supremo sus esperanzas de una revisión que los exonerara de responsabilidades. El 4 y 5 de mayo de 2022 se celebró la vista para la revisión de la sentencia y a esas alturas ya se sabía que la sentencia definitiva no se conocería antes del 19 de junio. Para ese día estaban convocadas las elecciones andaluzas, que confirmarían con la mayoría absoluta del PP que Andalucía había entrado de lleno en una nueva era política. La voluntad de los jueces del Supremo estaba lejos de dar argumentos para que se le acusara de inmiscuirse en el proceso político andaluz.

Poco antes de darse a conocer el fallo, Griñán dio un golpe de efecto al salir a la venta su libro de memorias y durante la promoción del mismo advirtió de que con un condena desfavorable su vida habría acabado. Por entonces no se conocía la profunda división de criterios que había abierto una brecha en Supremo, de la que se supo el 26 de julio, cuando el alto tribunal dio a conocer su fallo, que ratificaba la sentencia de la Audiencia de Sevilla con el voto en contra de dos de sus cinco miembros. Dos juezas mostraron con votos particulares su discrepancia con que el ex presidente fuese condenado por malversación, el delito que implica penas de cárcel.

Aún antes de que se conociera el contenido completo de la sentencia, lo que no se produciría hasta el 14 de septiembre, la familia del expresidente presentó una petición de indulto, que fue respaldada por más de cuatro mil firmas entre las que figuraban las de dirigentes de su partido, del PP, de IU y de andalucistas y nacionalistas catalanes. Paralelamente, su defensa pidió que hasta tanto el Gobierno resolviera esta solicitud se suspendiera la entrada en prisión

Finalmente, el 14 de septiembre se conoció el contenido de la sentencia del Supremo. En un texto de más de 1.200 páginas, el alto tribunal rechazó la mayor parte de los recursos presentados por los condenados, y en el caso de Griñán señaló su pasividad para acabar por unas irregularidades sobre las que no alberga dudas de que conocía. Dos de los cinco magistrados, sin embargo, señalaron en votos particulares que la presunción de inocencia del expresidente fue violentada durante el proceso en lo referente al delito de malversación -el que implica pena de prisión-, por lo que hubiese cabido absolverlo en ese apartado.

La sentencia indicó que, en su etapa de consejero de Economía, el expresidente de la Junta intervino en la dotación de fondos a través de un sistema de presupuestación ilegal «con conocimiento de las consecuencias que ello podía tener en la gestión», también que conoció las ilicitudes perpetradas con esos fondos y, por último, que como consecuencia de las competencias que la correspondían, tuvo capacidad de impedir ese modo de gestión. Para el tribunal, la participación de Griñán en relación con las irregularidades, «no puede ser calificada como ajena, desconocida o desconectada con el ejercicio de sus funciones públicas».

Las malas noticias para el expresidente de la Junta continuaron. Al día siguiente, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó un auto denegando la suspensión de las penas de prisión mientras se tramita el indulto.

A Griñán ya no le quedaban opciones para evitar la prisión, pero un día antes de Nochebuena, pidió a la Audiencia de Sevilla que suspendiera su encarcelamiento alegando que padece una enfermedad -un cáncer de próstata- detectada recientemente.

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