La Cámara de Cuentas de Andalucía renueva sus cargos en un pleno que el presidente saliente considera nulo

La Cámara de Cuentas ha superado con la renovación de sus cargos la situación de bloqueo en la que estaba sumida, pero la manera en que se ha resuelto el conflicto puede impedir acuerdos parlamentarios futuros. El órgano, uno de los cuatro de extracción parlamentaria de Andalucía, celebró este jueves envuelta en la polémica el pleno para la elección de las personas que ocuparán la presidencia y la vicepresidencia. Fue elegida presidenta Carmen Núñez, consejera designada a propuesta de Ciudadanos, y vicepresidenta, Sandra Garrido, propuesta por el Partido Popular. La votación se ha decantado por mayoría con los votos emitidos por los consejeros propuestos por el PP (2), Ciudadanos (1) y Vox (1) frente a los del PSOE (2) y Adelante Andalucía (1), que votaron en contra. Por primera vez en la historia del organismo una mujer ocupará la presidencia, secundada, además, por otra mujer.

Sin embargo, la renovación de los cargos ha estado rodeado por la polémica y amenaza con provocar la ruptura de relaciones entre los dos principales grupos parlamentarios, el PSOE y el PP. Los socialistas acusan al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de haber roto un pacto firmado en mayo de 2019 por el PSOE, el PP y Ciudadanos para los cuatro órganos de extracción parlamentaria y amenazan con no volver a sentarse con los populares para alcanzar nuevos acuerdos institucionales, según ha asegurado el portavoz socialista, José Fiscal. El asunto amenaza con resolverse en los tribunales.

El presidente saliente, Antonio López, que es consejero a propuesta de los socialistas y llevaba una década al frente del ente, ha asegurado en un escrito dirigido a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, que convocó el pleno por lealtad institucional con el Parlamento y tras sufrir «coerción» por parte del secretario general de la Cámara de Cuentas, Manuel Aguilar, nombrado por mayoría del organismo en febrero del año pasado. Aguilar fue concejal por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Estepona.

La controversia radica en la vigencia o no del acuerdo a tres bandas firmado en mayo de 2019 que permitió la permanencia en la presidencia de López. El texto garantizaba mantener la composición de siete miembros en la Cámara, con un procedimiento de elección que respeta la proporcionalidad de la representación parlamentaria, y la continuidad del entonces presidente, Antonio López, hasta el final de su mandato. El desacuerdo gira en torno a cuándo finaliza el mandato al que hace referencia el texto. Para los socialistas, rige hasta mayo del año próximo, al contarse tres años desde la firma del acuerdo. Para el PP y Ciudadanos, finalizó en febrero de este año, al contabilizarse el tiempo que López estuvo en funciones al frente del órgano.

Este desacuerdo ha mantenido paralizada a la Cámara de Cuentas, ya que los consejeros del PP, Ciudadanos y Vox se han estado negando a asistir a los plenos hasta tanto López convocara el pleno para elegir a quien lo sucediera. Ante esta situación, la presidenta del Parlamento pidió un informe al Letrado de la institución, que emitió un informe que concluía que López había finalizado su mandato y por lo tanto debía convocar el pleno cuanto antes.

Este jueves, el presidente saliente, una vez consumada la votación, remitió un escrito a Bosquet en el que le informa de la elección de su sucesora, pero le hace saber también que considera el pleno nulo de pleno derecho y que su convocatoria tuvo lugar «por la coerción sufrida en estas semanas» por parte del secretario en diversas notas de régimen interior en el que se le conminaba con posibles acciones legales «en un evidente abuso de posición». «He convocado este pleno por lealtad institucional con el Parlamento y el criterio interpretativo que de él ha emanado y que sin embargo no comparto», sostiene el escrito.

López sustentó su posición en otro informe jurídico, emitido por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Eloy García López, en el que se emite un dictamen en sentido contrario al del Letrado del Parlamento.