La Cámara de Cuentas fiscalizará este 2024 la ejecución de obras de interés de la Junta frente a la sequía

Existe un grupo de informes que por normativa tienen que incorporarse anualmente en el Plan de Actuaciones: Cuenta General de la Comunidad Autónoma, Rendición de cuentas del Sector Público Local Andaluz y Rendición de Cuentas de las Universidades Públicas. El resto de la planificación aprobada pretende que las fiscalizaciones afectende manera equilibrada a todos los ámbitos del sector público de Andalucía, así como su más adecuada distribución temporal y espacial.

Por lo que se refiere al sector autonómico el plan incluye, entre otras actuaciones, el informe global de las Universidades Públicas de Andalucía especial referencia a la ciberseguridad y protección de datos; la fiscalización de la ejecución de las obras de interés previstas en las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía para hacer frente a la sequía; la fiscalización del Programa Presupuestario 42I 'Educación para la primera infancia'; la fiscalización de determinadas ayudas y subvenciones en materia de regulación económica de la actividad productiva; la fiscalización de la Junta de Andalucía de las medidas de intervención en zonas desfavorecidas; fiscalización decumplimiento del sistema retributivo y de designación o contratación de órganos de gobierno y dirección de sociedades mercantiles de la Junta de Andalucía; fiscalización de cumplimiento de la contratación pública y de la gestión de personal de la Agencia Digital de Andalucía; o la fiscalización de cumplimiento del principio de igualdad en el sector público instrumental de la Junta de Andalucía.

Además, se llevarán a cabo diferentes informes de seguimiento para comprobar el grado de cumplimiento de las recomendaciones que la Cámara de Cuentas propone en sus trabajos de fiscalización.

En relación con el sector local, además de los informes recurrentes referentes a la remisión de información de contratos y convenios, y control interno, se van a fiscalizar diferentes áreas de ayuntamientos de toda la Comunidad; el establecimiento de zonas de bajas emisiones en municipios de población superior a 50.000 habitantes (en coordinación con el Tribunal de Cuentas), o la asistencia a los municipios prestada por las Diputaciones Provinciales de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.